El detenido es trabajador de la Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), quien es sindicado por la Fiscalía contra la Corrupción del delito de fraude.
La detención se efectuó en la aduana de la aldea Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa.
El 8 de febrero pasado, el MP informó que luego de 13 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias desarrolladas por la Fiscalía contra la Corrupción, se coordinó la captura de cinco personas sospechosas de participar en anomalías para la construcción del libramiento de Chimaltenango, por los delitos de fraude.
Indicó que entre los pendientes de captura estaba Boris Abilio Palma Montenegro.
De acuerdo con la investigación, el 30 de julio de 2014 la Dirección General de Caminos suscribió un contrato con Conasa por un valor de Q312 millones 997 mil 671.55 para la construcción del tramo carretero.
Monto que se incrementó en 17 ocasiones, hasta que el 13 de noviembre de 2017 suscribió un contrato de ampliación por un monto de Q64 millones 533 mil 855.20.
A través de los contratos suscritos entre el Ministerio de Comunicaciones con Conasa se sobre pasó un 4.33 por ciento al porcentaje permitido en la Ley de Contrataciones del Estado.
De igual forma la fiscalía estableció, que el 31 de julio de 2014 la Dirección General de Caminos suscribió un contrato con la entidad ingeniera y Arquitectura Texton por el monto de 23 millones Q296 373.21 para la supervisión de la obra, no obstante, fue rescindido el 29 de mayo de 2015.
De acuerdo con la Fiscalía los socios y representantes legales de Conasa Juan Luis Tejada Argueta y Álvaro Mayorga Girón fueron vinculados al caso Construcción y Corrupción y no podían participar en la nueva licitación pública por lo que hicieron uso de la sociedad Renova Ingenieros, con el propósito de poder concursar en eventos de contrataciones del Estado.
Otro aspecto establecido por la Fiscalía es que ésta compañía constructora no se encontraba inscrita ante el Registro de Precalificados de Obras, adscrito al Ministerio de Comunicaciones, por lo que incumplió con los requisitos de las Bases de licitación pública.
A requerimiento de la Fiscalía contra la Corrupción, las órdenes de aprehensión fueron giradas por la Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo Grupo C.
Las ordenes fueron giradas tras ser beneficiados por el Juez Mynor Mauricio Moto Morataya, al decretar auto de falta de mérito, el pasado 16 de octubre de 2020.
