La Sala en mención benefició a Jorge Antillón Klüssmann, Juan Manuel Molina Coronado y Juan Ignacio Florido, al considerar que hubo vicios durante el juicio efectuado por el Tribunal de Mayor Riesgo A en julio de 2019, por lo que ordenó la repetición del debate.
El 22 de julio de 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó por unanimidad a Molina Coronado y a Antillón Klüssmann a 14 años de prisión, mientras que a Florido lo sentenció a seis años de cárcel. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Yassmin Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante.
“Los acusados participaron en el lavado de dinero en su calidad de autores. Es evidente la estructura criminal para delinquir que trasladó grandes cantidades de dinero para beneficiarse”, explicó en esa oportunidad la presidenta del Tribunal.
Señalamientos durante el juicio
“Soy un peón de Alejandro Sinibaldi. Estoy quebrado moral y financieramente. No sabía que Sinibaldi se iba a convertir en un delincuente”, declaró Florido durante las conclusiones y réplicas del juicio en el que fue condenado en julio de 2019.
“Jamás aperturé alguna cuenta bancaria. Alejandro Sinibaldi está gozando de la plata. Me siento como un peón”, agregó.
En tanto, Molina Coronado, quien fue abogado de Sinibaldi, dijo en su última petición que no cometió el delito de blanqueo de capitales.
“Soy inocente. Mi trabajo fue estrictamente profesional. Este caso no tiene sustento. Se basa, en mi parte, a declaraciones de un colaborador —Juan Arturo Jeguerlehner, concuño de Sinibaldi— que obtuvo gran beneficio por mencionarme en ese caso”, refirió.
Además, el Tribunal recordó que la constructora brasileña Odebrecht firmó el contrato con Guatemala el 13 de diciembre de 2012 para dar mantenimiento y ampliar la carretera CA-2 Occidente. El monto fue de US$384 millones 361 mil 901.65.
También se dijo que Sinibaldi, el presunto líder de la organización criminal, negoció con los directivos de Odebrecht para recibir 7.5 % como soborno del monto total que el Estado pagaría a la empresa por la carretera.
La obra se inició el 24 de octubre del 2013 y se extendió hasta el 2016, cuando se conoció el caso.
El avance fue de 54 %, y para recibir los sobornos, Sinibaldi ordenó a los acusados que firmaran por la apertura de cuentas de entidades fuera de plaza en Antigua y Barbuda.
Odebrecht hizo transferencias a las cuentas, cuyos representantes son los condenados, por US$17.9 millones, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
