Según una publicación del diario digital español El Confidencial, las comunicaciones arrojan más datos sobre “el cobro de mordidas” por concesiones en Guatemala en un caso que implica también al excomisionado español José Manuel Villarejo.
De acuerdo con la investigación de El Confidencial, los correos interceptados y que ya están en manos del juez del caso, van de marzo a diciembre del 2012, y revelan que los empresarios españoles Ángel y Álvaro Pérez Maura junto a varios directores de sus empresas ofrecieron al gobierno de Pérez Molina US$30 millones por que fueran favorecidos con un proyecto en la terminal de contenedores de Puerto Quetzal.
Las comunicaciones se dieron entre los empresarios navieros y Juan Carlos Monzón, entonces secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti, según el diario.
La investigación aclara que, una vez descubiertos por las pesquisas, los implicados españoles contrataron al excomisionado de ese país José Manuel Villarejo para que los librara de la extradición a Guatemala para enfrentar a la justicia, de donde toma su nombre el caso español. El diario revela que con Villarejo los empresarios pactaron US$10 millones en 2016 “para que moviera sus hilos”.
¿Qué dicen los correos?
El primer correo, fechado el 29 de marzo de 2012, está redactado con órdenes de Ángel Pérez Maura a sus directores para que siguieran al pie de la letra el proceso de “negociación” que se tenía con Guatemala, así como las formas de pago respecto de la misma. Los pagos deberían hacerse de una forma “que no sea discutible y nos dé tranquilidad para los próximos 25 años”, cita EL Confidencial.
Especial atención para las pesquisas merece el correo interceptado con fecha 21 de noviembre de 2012, donde la exvicepresidenta Baldetti les pide otros Q6 millones, que completarían Q30 millones, para ser favorecidos con el contrato de construcción en la portuaria. Sin embargo, en el comunicado Pérez Maura se queja con sus directivos de que la vicepresidencia “quiere imponerles al constructor” del proyecto, lo que le parece una alternativa que no puede ser aceptada.
“Vuelve a la cifra de 30 (…) y para colmo (la vicepresidenta) se saca ahora que el constructor tiene que ser obligatoriamente amigo suyo”, se queja el empresario español. El correo, resalta la nota del diario digital, es enviado por el entonces secretario privado Monzón.
Los próximos correos develan las claras instrucciones de los empresarios españoles de enfocar esfuerzos para que todos los procesos “aparenten normalidad en el ámbito público”.
El último correo lo recibió personalmente Ángel Pérez Maura. En este se detalla la reunión de ese empresario con Juan Carlos Monzón, en donde abordan temas como la situación de ese entonces de la portuaria, la postura de Baldetti, cómo quedarían las comisiones y las formas y calendario de los pagos por las concesiones.
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El papel de Pérez Molina
Ante la inconformidad con las condiciones de Baldetti, los investigadores del caso en España dicen que los empresarios siguen adelante con su estrategia: que uno de sus contactos “hable directamente con el presidente Pérez Molina”. Esta instrucción alude, dice el diario digital, a que deben “medir bien” los pasos que den.
De esa cuenta, y en contubernio con la Embajada Española en Guatemala, se efectuará una campaña en los medios de comunicación “para aparentar normalidad en el ámbito público”. “Es importante que se transmita el mensaje de respetar los compromisos para no dejar heridos peligrosos en el camino”, dicen los correos.
Además, las operaciones efectuadas, así como los pagos, deberían pasar obligatoriamente por el filtro de los abogados de las empresas. Eso incluía facturas, convenios y otros documentos, “para aparentar legalidad”.
Un detenido clave
Actualmente, el juez designado para la investigación dentro de la Audiencia Nacional española ya ordenó a los investigadores que determinen el destino de US$10 millones recibidos por “medio mundo” en presuntas comisiones y por diversas entidades bancarias y financieras en este caso.
Resalta la formación de una comisión para que investigue a un banco búlgaro en el que aparece la cuenta de “un detenido en Guatemala” que vendió “su silencio sobre el naviero Ángel Pérez Maura”.
Las investigaciones españolas se efectúan en forma paralela con el caso TCQ (Terminal de Contenedores de Quetzal), destapado en 2016 por la Comisión Internacional contra la Impunidad, con el colombiano Iván Velásquez como jefe, y un caso por el que Guatemala ha reclamado durante varios años a España la extradición del empresario naviero Ángel Pérez Maura.
Como resalta El Confidencial en otro artículo, José Manuel Vallejo, contratado por Pérez Maura parar evitar su extradición desde España, se encuentra en prisión en España desde noviembre de 2017, no solo implicado en este caso sino en otros de relevancia parar ese país europeo.
Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina guardan prisión también en la actualidad por este y otros casos relacionados con señalamientos de corrupción.
