En conferencia de prensa brindada por la abogada Lisseth García Penagos, mandataria de 42 personas agraviadas en el Caso Valat, que data del 2006 y que dio inicio en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, donde se decretó la intervención judicial de un hotel ubicado en la zona 13 capitalina, brindó detalles sobre el avance que ha tenido el proceso y del retraso “malintencionado” que ha ejercido uno de los abogados involucrados en el proceso.

Según explicó la abogada, el caso surgió a partir de una denuncia de la Superintendencia de Bancos (SIB) en el 2006 contra la financiera Valat International Holdings, entidad que, según dijo, no tenía respaldo como institución financiera. García explicó que sus 42 patrocinados, que forman parte de un grupo de 135 personas que se han constituido como agraviadas, invirtieron sus ahorros atraídos por los altos intereses ofrecidos por esta entidad, cuyos personeros, cuando acumularon una fuerte cantidad de dinero, escaparon hacia Méxicocon el dinero de los inversionistas, razón por la cual el Ministerio Público (MP) inició la investigación y los afectados se fueron adhiriendo al proceso.

Según indicó, a todas las personas involucradas en el caso les ofrecieron ser “inversionistas” de este hotel y les brindaron pases de cortesía y membresías al momento de realizar sus inversiones.

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La abogada señaló como principal responsable del atraso en este caso al abogado Bryan Palacios Herrera, quien, según afirmó, ha obstaculizado el proceso mediante recusaciones, amparos y acciones contra varios jueces que han tenido el proceso a lo largo de estos últimos años.

Palacios, que tiene la representación de una minoría de agraviados, recientemente presentó una denuncia en contra del juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo Penal, a quien señala de recibir sobornos a cambio de permitir irregularidades administrativas en la intervención del hotel. Esta semana, el abogado también presentó un memorial al juez Orellana en el que solicita que se destituya al interventor del hotel, de lo contrario, presentará una segunda denuncia en contra del operador de justicia.

García Penagos recordó que el caso Valat lo han conocido en los juzgados cuarto, sexto y séptimo de Instancia Penal y que los jueces Pedro Laínez y Mario Flores fueron recusados por Palacios Herrera en su momento, con la finalidad, según García, de evitar que las acciones dictadas por los juzgadores fueran en beneficio de las personas agraviadas.

También afirmó que los agraviados apoyan al juez Séptimo y pidieron derecho de respuesta ante algunos señalamientos vertidos por Palacios contra el juzgador, ya que, según afirma, todas las acciones emprendidas contra los jueces que han tenido a cargo el proceso se deben a que Palacios tiene intereses personales. Aclaró que la denuncia no la inició Palacios, sino la Superintendencia de Bancos, como parte de las investigaciones realizadas a la financiera Valat.

Sobre el estado del proceso, indicó que se encuentra en fase de acto conclusivo, con tres audiencias realizadas.

“El juez suspendió una de ellas por incidentes que debe resolver. Está pendiente el pronunciamiento de Hotel Las Américas S.A., como tercero civilmente demandado, y las resoluciones judiciales correspondientes. Se busca el resarcimiento si resulta condenada Claudia García Magaña (captadora de la financiera). La audiencia de ofrecimiento de pruebas contra el contador de Valat se venía reprogramando desde 2014 y apenas con el juez Freddy Orellana se logró avanzar hacia juicio. En el caso de Claudia García Magaña, falta que el juez decrete la apertura a juicio”, afirmó la abogada.

Malos manejos en el hotel

Según explicó García, Palacios fue nombrado asesor de la intervención en el 2012, con un salario de Q10 mil, y luego habría logrado que su hermano Rodimiro Palacios Herrera fuera nombrado gerente del hotel. Desde entonces, sostuvo, comenzaron desfalcos, malos manejos, malos tratos y nombramientos de familiares y personas afines. Añadió que tres interventores anteriores han denunciado anomalías desde el 2019 y que existe un memorial de aproximadamente 26 páginas donde el propio Palacios propuso al actual interventor.

Se buscó la versión del abogado Palacios, pero no se consiguió comunicación.

Antejuicio contra Orellana

Registros judiciales detallan que, desde el 2019, el juez séptimo penal Freddy Raúl Orellana Letona suma 15 solicitudes de retiro del derecho de antejuicio, de las cuales 11 han sido rechazadas in limine; es decir, no han continuado su trámite y el procedimiento se ha cerrado.

El 31 de agosto del 2026 se sumó una nueva solicitud de retiro de inmunidad contra Orellana Letona, planteada por el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, por supuestos actos de corrupción, acción que se deriva de una denuncia presentada por el abogado Bryan Palacios.

Consultada Gestión Penal del Organismo Judicial, se informó que el juez contralor designado para continuar con el trámite y notificar a Freddy Raúl Orellana Letona será el juez tercero penal, Mynor Moto. Luego deberá inhibirse y trasladar el expediente a la CSJ.