La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín.
Se da audiencia por 15 días comunes al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a las Facultades de Derecho que funcionan en las universidades del país, al instituto de Magistrado de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial y al Ministerio Público.
La publicación detalla que la magistrado Gloria Patricia Porras Escobar, votó en contra de esta disposición, argumentó que el avance en los procesos de elección de los funcionarios bajo el amparo de la ley ha sido claramente reconocido por todos los sectores del pías y limitar la subjetividad en la escogencia de los candidatos es uno de los aportes más importantes de la normativa.
