La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la vigencia de la Ley Antipandillas, luego de suspender las acciones legales promovidas por Dylan Smaily Archila García, un hombre condenado por extorsión, identificado durante el juicio como integrante de la Mara Salvatrucha, informaron este martes 9 de diciembre fuentes judiciales.

Según una fuente de ese tribunal, el amparo y la acción de inconstitucionalidad planteados por Archila García fueron suspendidos por estar mal formulados.

El abogado defensor de Archila García presentó un amparo contra el decreto 11-2025, aprobado por el Congreso en noviembre pasado, que contiene la Ley para el combate frontal de las actividades delictivas de las maras. El decreto fue publicado en el Diario de Centro América el 10 de noviembre del 2025.

Dicho cuerpo legal endurece las penas contra los integrantes de pandillas y declara a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, así como a sus clicas, subgrupos y estructuras derivadas, como organizaciones criminales transnacionales y terroristas.

La defensa de Archila García alegó que la normativa vulneraba garantías constitucionales, como el principio de legalidad, la certeza jurídica y el debido proceso. Argumentó, además, que el Congreso actuó fuera del marco de sus atribuciones y omitió procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

Condenado a seis años de prisión

De acuerdo con información del Ministerio Público (MP), Archila García fue condenado en abril del 2023 a seis años de prisión inconmutables por el delito de extorsión.

En esa ocasión, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión presentó pruebas ante el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Extorsión de Guatemala, las cuales sustentaron la sentencia contra tres personas, entre ellas Archila García.

El MP informó que los condenados fueron detenidos cuando acudieron a recoger el dinero exigido a un comerciante. Según el ente investigador, las pruebas incluyeron testimonios, documentos y una captura en flagrancia.

La fiscalía detalló que, en junio del 2022, la víctima recibió un teléfono celular en su negocio, bajo amenazas de muerte. A través de ese aparato, un hombre que se identificó como integrante de la Mara Salvatrucha le exigió Q4 mil como pago inicial y Q400 semanales. Finalmente, la víctima negoció una entrega de Q3 mil y pagos semanales de Q350.