“Solo pido la oportunidad de volver a mi casa con mi hijo”, dijo la exfuncionaria a la juzgadora.
Según la defensa de la exintendente, el juez Miguel Ángel Gálvez basó su decisión de ordenar prisión preventiva por la posible existencia del peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad y determinó un plazo de tres meses de investigación, los cuales terminan el próximo domingo.
Los abogados de Méndez dijeron que debido a que se acerca el plazo para que la Fiscalía presente sus conclusiones, “las condiciones primarias han cambiado sustancialmente” y ya no se puede sostener la hipótesis de peligro de la obstaculización de la verdad.
"Solo pido la oportunidad de volver a mi casa con mi hijo", dijo Méndez a la juzgadora. @prensa_libre
— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) December 16, 2015
El Ministerio Público rechazó esta solicitud debido a que según los fiscales, Salvador González, alias Eco, relató que sostuvo varias reuniones con la sindicada y que Méndez ocultó esas reuniones, que ocurrieron en la sede de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala también pidieron que no se otorgara el cambio a Méndez, pues dijeron que, aunque ella sí habló de irregularidades en Aduanas, fue información irrelevante la que presentó.
Domínguez negó la petición porque aseguró que la defensa no presentó ningún documento que acredite el arraigo de la sindicada.
Solicitud por fiestas
Méndez es una de las personas acusadas de corrupción que buscan regresar a sus hogares durante las fiestas de fin de año.
El 10 de diciembre, la jueza Jisela Reinoso canceló una fianza de Q150 mil para recuperar su libertad pues su defensa aseguró que se le había dictado prisión preventiva por 30 días pero ya llevaba 80 en la cárcel.
El Juez Darwin Porras, encargado del juzgado Segundo Penal, accedió a otorgar el arresto domiciliario a la juzgadora durante una audiencia a puerta cerrada.
Reinoso está suspendida por el Organismo Judicial, debido a que el MP y la Cicig la sindican de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Blanca Sierra de Stallin, otra jueza señalada, esta vez por su posible vinculación con el Bufete de la Impunidad, fue favorecida con medida sustitutiva y una caución económica de Q200 mil para dejar la prisión en octubre.
