Colaboradores eficaces delataron a pandilla

La Mara Salvatrucha tiene una estructura jerárquica y las órdenes se respetan y se cumplen según dicta el Consejo de los nueve, su máximo organismo.

Parte de los sindicados de pertenecer a la estructura de la Mara Salvatrucha. (Video Prensa Libre: Érick Ávila)
Parte de los sindicados de pertenecer a la estructura de la Mara Salvatrucha. (Video Prensa Libre: Érick Ávila)

CIUDAD DE GUATEMALA- Además, cada integrantes de esa pandilla  tiene un sueldo por la labor que ejecuta ilícitamente.

Lo anterior es parte de la información que proporcionaron cinco personas que abandonaron esa banda y    decidieron colaborar con el Ministerio Público (MP).

Las revelaciones sirvieron  para conocer   la forma de operar de   93    integrantes de esa mara  que son juzgados en el Tribunal B de Mayor Riesgo, cuyo proceso   entra en su recta final esta semana con las conclusiones del MP para llegar a una sentencia.

Los  colaboradores eficaces dieron información que sirvió para armar el rompecabezas y establecer la jerarquía de   la pandilla. Pese a que sus líderes están en prisión la estructura criminal ha continuado de la misma forma.

Los expandilleros informaron que existe el Consejo de  nueve    dirigentes —uno de ellos recién escapó de sus custodios—, quienes son los que ordenan a quién se debe   extorsionar o matar.

De igual forma dieron datos sobre los lugares donde operan, el nombre de los integrantes y sus funciones, cómo ejecutaban  sus acciones y la disciplina que existe en ese grupo de antisociales.

Esa pandilla centra sus operaciones en las zonas 1, 6, 18, Palencia, Villa Nueva, Chimaltenango y Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.
estructura criminal

Según miembros de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, lo que se busca es que con la sentencia se reconozca judicialmente la existencia de una pandilla en su estructura, que sería la primera vez que se condene de esta forma.

Cada integrante de esa estructura  recibe una paga por sus acciones.
 
De acuerdo con los colaboradores eficaces, el de menor rango —también llamado paro— recibe Q300 por semana y su función va desde ir a pedir la extorsión hasta hacer compras a supermecados, ya que el resto de los integrantes se mantiene escondido,  debido a la persecución de  la Policía.

Después va el sicario —chequeo—, a quien le pagan Q500 por matar a la persona indicada   y también va a cobrar el dinero que exigen  a transportistas y comerciantes en los lugares en que opera esta banda.

El siguiente rango es quien hace las funciones de tesorero —homie brincado—, entre cuyas tareas está  la de matar a policías o ejecutar órdenes  más delicadas. Le pagan Q1 mil 500 semanales.

El siguiente es el ranflero o  cabecilla de una célula o de barrio y le pagan Q15 mil por semana. Este   recibe  órdenes del Consejo de los nueve que desde prisión le dice a quién matar y solo debe cumplir lo que le ordenan.

Conforme creció la pandilla se infiltró en  instituciones del Estado.  Al menos  tres empleados del Registro Nacional de las Personas  los ayudaron a cambiar  identidad para evadir las órdenes de captura  en su contra.

Debate

Los 93 procesados enfrentan a la justicia por acciones cometidas por la pandilla, entre las que destaca el asesinato de 35 personas, cobro de extorsiones a transportistas, comerciantes y particulares, y atentados  que dejaron varios heridos.

El MP informó que entre los presuntos pandilleros se encuentran sicarios, colaboradores, encargados de recaudar y guardar dinero de la extorsión, así como responsables de ocultar  armas de fuego utilizadas por la estructura.

La acusación señala que, entre el 2010 y el 2012, los ahora enjuiciados causaron  terror en diferentes áreas de la capital y en departamentos.

Atacaron a funcionarios

El Ministerio Público   busca que   pandilla sea condenada por varios asesinatos.   

Entre los  hechos que la Fiscalía espera acreditar a la pandilla se encuentra la decapitación de cuatro personas, cuyas cabezas fueron abandonadas en varios lugares, incluido el ingreso principal del Congreso y la pasarela del hotel Tikal Futura, zona 11.

También los  atentados contra investigadores de la Policía Nacional Civil en la zona 6.

El crimen  contra la directora y una celadora de la cárcel para mujeres Santa Teresa.

La muerte  violenta de  un fiscal que investigaba a la estructura y de integrantes de la red de quienes  sospechaban que colaboraban con las autoridades en las pesquisas.

El juicio  empezó el 2 de julio pasado después de tres intentos fallidos.

El debate  se efectuó  por videoconferencia y presencia de algunos en el Tribunal. 

DATO

93 acusados enfrentan a la justicia por diversos crímenes.