La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala expresó su rechazo a las diligencias de allanamiento realizadas por el Ministerio Público (MP) en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), durante la jornada electoral del pasado jueves.

En particular, la Asamblea condenó el registro corporal practicado públicamente a la presidenta del CANG, Patricia Elizabeth Gámez Barrera, a quien agentes fiscales exigieron la entrega de su teléfono celular personal. La acción ocurrió en el contexto del proceso electoral gremial para elegir a uno de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), para el período 2026-2031.

La Asamblea consideró que la actuación del MP vulnera principios fundamentales del orden constitucional, como la dignidad humana, el debido proceso y la autonomía gremial. Asimismo, advirtió que cualquier diligencia judicial debe realizarse con respeto a la legalidad vigente y sin interferencias en procesos internos democráticos.

“El ejercicio de funciones legítimas por parte del Estado no debe producir efectos que alteren o desnaturalicen el desarrollo de un proceso electoral interno”, señaló la organización en un pronunciamiento oficial.

El MP, cuya cúpula se encuentra sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, allanó el jueves el centro de votación donde miles de abogados eligen a uno de los cinco magistrados de la CCorte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.

La fiscal a cargo del caso, Leonor Morales, indicó a periodistas que el caso se encontraba bajo reserva, tras ingresar con más de 30 agentes de seguridad armados y compañeros del MP con pasamontañas a la sede de las elecciones del CANG. La fiscal añadió en declaraciones a periodistas que la decisión de allanar obedece a una presunta denuncia recibida la semana pasada, sin brindar más datos al respecto. Morales detalló de igual manera que las elecciones deben seguir su curso y no serán suspendidas.