García Rodas explicó que deberán modificarse algunos aspectos, y uno de ellos sería la eliminación de magistrados suplentes en la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Considero que es uno de los vicios que más se han discutido y criticado”, expresó.
Otro de los cambios podría referirse a la justicia y la jurisdicción indígena. La inclusión “es procedente, pero debe redactarse de manera correcta para evitar falsas expectativas y apegarse al Convenio 169 —de Pueblos Indígenas—”, manifestó.
Después de hacerse los cambios, deberá crearse una ley ordinaria que desarrolle todo el precepto constitucional relacionado con la jurisprudencia indígena, explicó el legislador.
De acuerdo con el congresista, las propuestas de aspirantes a la CC deben provenir de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y no del Consejo de la Carrera Judicial; y lo mismo sobre el presupuesto financiero para esa institución.
El congresista explicó que se evalúa si algunos cambios ameritan hacerse en leyes ordinarias, porque podría caerse en lo ocurrido con las comisiones de postulación, que no funcionaron; pero no pueden dejarse por un lado, porque son mandato constitucional. “Es más fácil hacer cambios a una ley ordinaria”, manifestó.
El presidente del Congreso, Mario Taracena, explicó que si el martes cuenta con 105 votos, le dará trámite en primera lectura a las reformas, e indicó que él prefiere que no se hagan cambios, para respetar la decisión de los grupos que participaron en la discusión.
Razonado
La opinión fue respaldada por 13 diputados, de 17, pero Fernando Linares, Eduardo Zachrisson y Eugenia Tabush razonaron su voto.
Tabush explicó que no comparte el cambio al artículo 203 constitucional, porque Guatemala reconoce el pluralismo jurídico.
Linares, por su parte, restó credibilidad a las mesas de discusión, y consideró que los impulsores, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, carecen de legitimidad. También comentó que el Derecho Indígena atenta contra los derechos individuales.
Reforma, sin modificaciones
La opinión de dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales no efectuó cambios a la propuesta inicial.
- Los diputados, entre otros funcionarios, mantienen inmunidad, pero podrán ser investigados.
- Las autoridades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales de conformidad con sus costumbres.
- Desaparecen las comisiones de postulación en elecciones de autoridades de justicia.
- El Consejo Nacional de Justicia se encargará de la formulación, gestión y ejecución de las políticas judiciales.
- La CSJ será integrada por nueve magistrados de Apelaciones y cuatro abogados.
- Se incrementan los períodos de los magistrados de la CC y de la CSJ a nueve años, el del Fiscal General a seis, y podrán reelegirse.
