La escasa redención de penas, los expedientes sin ser digitalizados en el Sistema Penitenciario (SP) que obligan a hacer “trámites a pie”, una mora judicial que ronda el 95 por ciento y el aumento de cinco mil 232 reos en 19 meses de este gobierno son algunas de las causas por las cuales cambiaron las estadísticas.
Es un problema que trasciende el análisis de los reclusorios más allá del ámbito de seguridad. El tiempo de espera mientras se resuelve un proceso es cada vez más largo, el hacinamiento llega al 127 por ciento y cada vez se garantiza menos la rehabilitación de los reos.
Según registros del SP, hasta el 14 de agosto había 16 mil 336 reclusos. De ese total, ocho mil 226 guardan prisión preventiva —el 50.3 por ciento— y hay ocho mil 129 condenados —49.6 por ciento—.
No obstante, la cifra de los confinados en prisión preventiva alcanzaba el 52 por ciento en agosto del 2012, cuando Blanca Stalling, directora del IDPP, presentó un estudio con ocasión del 18 aniversario de la vigencia del Código Procesal Penal.
Ahora Stalling sostiene que las cifras de cuántos guardan prisión preventiva, del Sistema Penitenciario, están erradas y no corresponden al 50 por ciento.
Las impugnaciones de los reos sin sentencia no son bien contabilizadas y se mezclan con las cifras de los condenados. Ahí radica la diferencia, según Stalling.
El vocero del SP, Rudy Esquivel, rechaza de manera tajante ese señalamiento.
El número de reos sin sentencia tendía a aumentar en diciembre del 2011. En ese entonces eran seis mil 259 y representaban el 51 por ciento, y los condenados, el 49 por ciento, de acuerdo con el exdirector del SP Eddie Morales.
Atraso digital
La mayoría de expedientes del SP no están digitalizados, coinciden los defensores públicos Ahmed Aguilar y José Luis Martínez, apreciación que comparte Andrea Barrios, de Casa Artesana, dedicada al monitoreo de reclusas.
Los abogados cuentan que para solicitar redención de penas es necesario un informe de la Unidad de Rehabilitación del SP. Sin embargo, la escasez de personal y la carencia de un sistema integrado de información del Poder Judicial ha causado que cuando se celebra la audiencia el informe ha caducado. Otras veces no va firmado por el alcaide de la prisión o el expediente está incompleto, señalan los profesionales del Derecho.
En el peor de los casos, hay quienes ni siquiera han podido salir de prisión porque el expediente se extravió, como ocurrió con una de tres reclusas del Centro de Orientación Femenina, quien ya cumplió su condena de ocho años, cuenta Barrios.
En otras ocasiones, las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público (MP) llevan a que los debates se repitan una y otra vez. “Cuando hay dudas, nuestra función es apelar”, explicó Javier Monterroso, asesor del despacho de la fiscal general, Claudia Paz y Paz. “Hay más condenas que absoluciones”, indicó.
Según la Fiscalía General, hasta julio de este año había cuatro mil 375 personas condenadas y 865 absueltas.
¿Qué se quiere?
Debido a las reformas al Código Procesal Penal han disminuido las conmutas —salida al cumplir la mitad de la pena— y por el aumento de la política de capturas en la presente administración se incrementa el número de personas en prisión preventiva, aunque Monterroso afirmó que el MP sí busca otorgar medidas alternas.
“¿Qué sistema queremos?”, preguntó César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al referirse a la necesidad de replantear la política criminalística en el país.
Sin contravenir las cifras del IDPP, Barrientos aseguró que el número de condenas aumentó de un promedio de 1.8 a 20 por tribunal de Sentencia.
La CSJ inaugurará el próximo miércoles los dos primeros juzgados pluripersonales de Ejecución en el país, uno en la capital y otro en Quetzaltenango.
El de la capital estará integrado por seis jueces, y el de Quetzaltenango, por dos. La medida permitirá atender con más celeridad las solicitudes de redención de penas, lo que a su vez redundará en la disminución de la población carcelaria, al ser beneficiadas las personas que hayan cumplido la mitad de su condena y mostrado buena conducta.
La CSJ también estudia incrementar los juzgados de Primera Instancia, que se dividirían de acuerdo con la etapa en que los casos se encuentren: investigación o fase intermedia, y los beneficiados directos serán los reos en prisión preventiva.
“¿Queremos un sistema que tenga los condenados con penas más cortas y beneficios por buena conducta, o un sistema donde las penas se alarguen y disminuyan las conmutas?”, expuso Barrientos.
Banco de tres patas
Aunque el número de juzgados aumente y los recursos para la Fiscalía General también, un defensor público de Ejecución atiende 800 casos, aseguró Fernando García Rubí, director de la División Técnica Profesional del IDPP.
El problema no se corregirá si no se fortalecen todas las entidades en las mismas proporciones, afirmó García Rubí.
También hace falta quién verifique los abusos en las cárceles y la marcha de esos procesos legales. Desde hace dos años, el Congreso tiene pendiente la elección de los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Ese mecanismo tendría el mismo rango de una procuraduría y podría visitar cárceles sin previo aviso y conocer denuncias particulares, expresó Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.
Sistema Penitenciario rebasado por realidad
El Sistema Penitenciario tiene como objetivo la rehabilitación de los prisioneros, pero su capacidad ha sido rebasada tres veces.
En diciembre del 2011 había 12 mil 731 reos. El 49% habían sido condenados, y el 51%, estaba en prisión preventiva.
16 mil 336 reos permanecían en el Sistema Penitenciario al 14 de agosto. Los penales fueron originalmente diseñados para albergar a seis mil 500 prisioneros.
Al 31 de julio fueron solicitadas mil 353 redenciones de penas y 237 reos recibieron el beneficio, según la Defensa Pública Penal.
En mayo último había nueve mil 186 personas condenadas, según cifras del Sistema Informático de Presidios entregadas a la Defensa Pública. Sin embargo, esta contabilizaba nueve mil 211.
Al 14 de agosto, el Sistema Penitenciario tenía ocho mil 109 reos.
Las condenas aumentaron de seis mil 259 a finales del 2011 a ocho mil 109 a la fecha.
Un recluso debe esperar entre ocho y 12 meses para un nuevo debate cuando su sentencia ha sido anulada y debe repetirse.
Licitación
Nuevas dudas
El sistema de Guatecompras reportó nuevas inconformidades contra cuatro licitaciones para el concurso de servicios de alimentación en las 21 cárceles del país.
Las protestas son contra la apertura de plicas del viernes último para servir alimentos durante dos años, por Q90 millones.
Sistemas Nutricionales, S.A. alegó que la junta de licitación violó el proceso al revisar antes de la hora estipulada —entre las 11.30 y 12— las plicas de Alimentos y Preparados Industriales, otro de los oferentes para la región central.
Además, cuestionó que El Portal Steak House La Quince entregó en cajas de cartón, y no en plicas cerradas, la oferta. Fue aceptada aunque los oferentes presentes alegaron la violación a la Ley de Contrataciones.
Toribio Alfonso Vicente González afirmó en la impugnación A235377 que el restaurante El Viejo Achuapa no presentó la licencia sanitaria ni tarjetas de salud.
Antes impugnó Luis Caballeros, de la empresa Delicias Orientales.
El Ministerio de Gobernación pospuso cinco meses abrir las plicas y reformó las bases en varias ocasiones.
Santa Rosa
Enfermo mental junto a sicarios
Vecinos de Ixhuatán, Santa Rosa, y sus alrededores identificaban a Juan* como “el loco del pueblo” y porque no tenía trabajo fijo. Sin embargo, este hombre soltero, de 38 años, fue enviado a juicio junto a los integrantes de una banda de sicarios acusados de haber masacrado a una familia en el 2004.
Los sicarios lo habían “reclutado”, aseveraron los fiscales, y fue ligado a proceso. Los peritajes médicos demostraron que se trata de un enfermo mental, pero en lugar de un juicio especial, su caso se llevó por la vía común.
Pese a que los tribunales de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa lo absolvieron, tuvo que esperar cuatro años hasta que fue referido al Hospital Psiquiátrico.
*Nombre ficticio
107 enfermos mentales detectó presos la Defensa Pública.
Tercer debate
El diácono inocente sigue encarcelado
Hace cinco años la Policía capturó a Mario*, quien vivía en la colonia Kennedy, zona 18. Fue acusado de haber participado en el asesinato del novio de su expareja.
Había sido pandillero y los rasgos de la foto robot que elaboró la Policía con las descripciones de su exnovia bastaron para convertirlo en sospechoso.
Los abogados de la Defensa Pública presentaron a los testigos de la iglesia donde servía como diácono, quienes afirmaron que se encontraba allí al momento del crimen y entregaron el listado en que aparecía su nombre.
Ha sido absuelto dos veces, hoy tiene 27 años. Se convirtió en predicador en la cárcel y espera ir a debate por tercera vez.
*Nombre ficticio.
5 años han transcurrido desde que fue capturado.
CIDH
Un fallo histórico por irrespeto
Juan Hernández Lima fue arrestado por la Policía Nacional Civil el 26 de abril de 1993. Fue conducido a un juzgado de Paz de Faltas, señalado de haber escandalizado en un restaurante.
Junto a otras cuatro personas fue sentenciado a 30 días de prisión conmutables. Sin embargo, no pudo pagar la multa.
Falleció en el Centro Preventivo de la zona 18, después de que contrajo cólera. Su madre se enteró de su fallecimiento hasta el 6 de mayo.
Gabriela Lima Morataya presentó el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, en abril de 1994. La CIDH concluyó que el Estado de Guatemala violó la obligación de respetar las garantías judiciales del detenido.
1994 año en que se señaló al Estado de violar garantías judiciales.
6 juzgados de Ejecución existen en Guatemala
1 defensor de ejecución atiende hasta 800.
