Martín Prera, director de Mercadeo de Distelsa, informó que los señalados reconocieron que la empresa no está involucrada en ese proceso. “Las declaraciones liberan a Distelsa de cualquier responsabilidad”, dijo.
La Fiscalía de Delitos Económicos, en cambio, cree que sí hay alguna responsabilidad, por no tener entonces controles para verificar las facturas.
La Fiscalía añade que en el caso de que no se supiera la procedencia de las facturas, cualquier empresa debió hacer una revisión para verificar que los documentos fueran legales. La investigación está concluida, pero parcialmente, afirmó el ente investigador.
En lo que coincidieron Prera y la Fiscalía es en la ayuda brindada por los implicados, quienes reconocieron su delito.
La denuncia
El Ministerio Público (MP) comenzó la investigación basada en una denuncia que llegó a la Fiscalía de Delitos Económicos, y fue interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La queja de la SAT indica que, de enero a diciembre de 2012 y 2013, la entidad Distribuidora Electrónica S.A. (Distelsa) recibió facturas que fueron impresas en doble talonario.
“La SAT estimó el monto defraudado inicialmente por Q33 mil, pero en el transcurso de la investigación determinó que ascendió a Q819 mil 767.84, lo que incluye intereses y multa”, refirió la información del MP.
