La inhibitoria obliga a enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, que a su vez tampoco tiene competencia según la Ley y lo remite al Congreso, en un plazo no mayor de tres días.

En el Congreso se debe conocer y en sesión plenaria integrar una Comisión Pesquisidora, grupo de diputados que evaluará y conocerá la querella para luego rendir un informe al pleno y se decida si se retira la inmunidad al magistrado, de hacerlo, la fiscalía tendría la libertad de investigar, incluso solicitar, la orden de captura en contra del funcionario.

Diputados denuncian

El proceso de antejuicio comenzó con la denuncia hecha por diputados de Encuentro por Guatemala, en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, por su supuesta vinculación en el caso TCQ, cuando se desempeñaba como Procurador General de la Nación.

Asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes son los delitos por los que legisladores de Encuentro por Guatemala denunciaron en el Ministerio Público a Vladimir Aguilar, por haber avalado el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El caso salió a luz cuando Juan Carlos Monzón, quien fue secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti y ahora es colaborador eficaz del caso TCQ, afirmó a la Fiscalía que “el negocio del usufructo se cerró en  Cancún”, el Martes Santo del 2013, y que se iban a recibir US$30 millones como coima para lograr la negociación.

Aguilar, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es señalado por los parlamentarios  de haber obviado su solicitud de declarar lesivo el contrato cuando estuvo al frente de la PGN.

“La postura institucional está plasmada en los dictámenes anteriores referidos y que no está dentro del ámbito de nuestra competencia declarar la lesividad de ningún contrato”, se lee en la opinión firmada por Aguilar el 18 de abril del 2013.