Corrupción Usac: Vinculan a exrector Gálvez, funcionarios y exfuncionarios de esa universidad por fraude

Pese a que el MP había pedido ordenes de captura contra los señalados, un juzgado resolvió citarlos a primera declaración.

Estuardo Gálvez está hospitalizado desde que se conoció la orden de captura en su contra. (Foto: Hemeroteca PL)
Estuardo Gálvez está hospitalizado desde que se conoció la orden de captura en su contra. (Foto: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 11 de marzo que 6 personas fueron citadas a primera declaración por un caso de corrupción en la construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos por un monto de Q64 millones 120 mil 730.37.

Según el MP, esa fiscalía había solicitado la orden de captura contra los seis involucrados, pero el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación, resolvió ordenar la citación a primera declaración de los vinculados.

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Las personas que fueron citadas son:

  1. El exrector Carlos Estuardo Gálvez Barrios, sindicado de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
  2. Henry Manuel Arriaga Contreras, por fraude.
  3. Rolando Grajeda Tobar, por fraude.
  4. Álvaro Amilcar Folgar Portillo, señalado de fraude.
  5. Manfredo Chavarría Linares, por fraude.
  6. Rafael Ángel Díaz Fión, gerente de proyectos y representante legal de Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima (Cocisa), ante su presunta participación en el delito de fraude.

También se le vincula al caso a Mario Alexánder Velásquez Pérez, quien integró la Junta de Licitación Pública Nacional, y que actualmente goza de derecho de antejuicio por ser secretario general del Tribunal Supremo Electoral y según el MP en su momento se promoverán las diligencias correspondientes de conformidad con la Ley en Materia de Antejuicio.

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El caso

Según el MP, las personas sindicadas, intervinieron dentro del evento de licitación pública nacional D.S.G 002-2013 correspondiente al proyecto de construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras, para las escuelas de Medicina y Odontología del Cunoc en la ciudad de Quetzaltenango, identificado con el Número de Operación Guatecompras (NOG 2990768).

Agrega que los involucrados usaron artificios para defraudar al Estado, al haber “adjudicado de forma fraudulenta” la construcción de la obra a la entidad mercantil denominada Cocisa, por un valor de Q64 millones 120 mil 730.37, que incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo anterior, pese a que la propuesta presentada por dicha constructora “debió ser inmediatamente rechazada sin responsabilidad de parte de la junta de licitación.

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El documento del MP detalla que este rechazo debió realizarse en atención a la existencia de evidentes errores aritméticos en la oferta entregada, específicamente en la integración de precios en el programa cronológico de inversión y ejecución”, así como en sus respectivos anexos.

Ilegalidades y fraudes

  • La investigación de la fiscalía determinó que no fueron aprobadas las bases de licitación por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), ni tampoco por parte del Rector Magnifico.
  • Los integrantes de la Junta de Licitación Pública Nacional fueron seleccionados y designados entre personas allegadas al exrector Gálvez
  • La Junta de Licitación adjudicó el Evento a Cocisa a pesar que la oferta presentada contenía “errores aritméticos” y las bases de licitación definitivas publicadas en Guatecompras prohibían expresamente la realización de correcciones matemáticas, estableciendo que tal situación constituía motivo de descalificación inmediata.
  • La Junta de Licitación favoreció a Cocisa concediéndole la oportunidad de continuar dentro de la Licitación Pública, pese a que en su momento su oferta debió ser descalificada, ante el incumplimiento de requisitos fundamentales.
  • A través de las correcciones aritméticas complacientes realizadas por la propia Junta de Licitación a la oferta de Cocisa, dicha constructora alteró sustancialmente su propuesta, mejorándola en relación a la que fue presentada por la otra entidad participante y que fue descalificada.
  • El entonces rector Gálvez omitió someter a la consideración del Consejo Superior Universitario, la aprobación de las Bases de la Licitación.
  • El requerimiento de la ejecución del proyecto se realizó con fechas posteriores a la materialización de diversas gestiones administrativas relacionadas al evento.
  • El Proyecto se adjudicó a pesar de la inexistencia de estudios técnicos y del estudio de impacto ambiental respectivo.
  • La Orden de Compra relacionada con el pago del anticipo, se generó meses antes de suscribirse el contrato de obra respectivo.
  • El contrato de obra se suscribió y fue aprobado por un funcionario público no autorizado de conformidad con la Ley.
  • La Universidad de San Carlos de Guatemala entregó a Cocisa la suma de Q11 millones 450 mil 190.42, sin que la referida entidad mercantil hubiese realizado los trabajos programados mientras estuvo vigente la relación contractual, ocasionándose un grave perjuicio al patrimonio público.
  • El Proyecto fue suspendido en definitiva por parte del Consejo Superior Universitario en el 2015, ante recomendación emitida por parte de la Contraloría General de Cuentas, sin que hasta la presente fecha, la USAC haya recuperado el monto del anticipo entregado a la constructora.

Gálvez y el caso Comisiones Paralelas

El exrector Gálvez fue capturado y enfrenta proceso por el caso Comisiones Paralelas 2020.

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Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, rector y exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), comparecieron el 10 de marzo ante Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, en el inicio de la audiencia de primera declaración del caso Comisiones Paralelas 2020 por el cual fueron detenidos.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) sindicó a los dos detenidos por los delitos de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita.

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Ambos fueron capturados por ser supuestamente parte de una estructura que definió a aspirantes a magistrados de salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Paiz, desde la comisión de postulación, y Gálvez como un supuesto operador externo, según la investigación del MP.