Guatemala

Trámites de antejuicios se incrementan

El 90 por ciento de las solicitudes de antejuicio contra los funcionarios que gozan de ese privilegio —ministros, diputados, alcaldes y jueces, entre otros— es rechazado por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La razón es que las denuncias son de carácter administrativo o por inconformidad con resoluciones, para el caso de los jueces, más que corrupción, afirma el presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, Nester Vásquez.

La conveniencia de los antejuicios cobra relevancia en este momento, debido a que la propuesta de eliminarlos para la mayoría de funcionarios se discute en la Mesa de Diálogo Nacional hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala.

El sábado, los alcaldes y el presidente de la República, Jimmy Morales, defendieron la conveniencia de ese privilegio, mientras que la fiscal general, Thelma Aldana, se mostró opuesta a que se mantenga esa figura, con excepción de los presidentes de los tres organismos del Estado.

Del 2013 al 2015, la Subsecretaría de la CSJ reportó mil 525 solicitudes de antejuicios. Del total, el 51 por ciento —787— fue presentado contra jefes ediles, seguido con 17 por ciento —266— contra jueces de diferentes ramos.

Además, el informe registra que las peticiones fueron dirigidas contra ministros, magistrados de salas, diputados y los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El período en que más solicitudes recibió la CSJ fue el año pasado —632—; es decir, 38 por ciento más que en el 2014.

Peticiones

Vásquez informó que el incremento de peticiones se debió a las elecciones y a que se acentuó la cultura de denuncia luego de los casos de corrupción que se revelaron en el Ejecutivo.

Del total de solicitudes recibidas, 90 por ciento —mil 372— fue rechazado.

“Son rechazados, principalmente, cuando es en contra de jueces por inconformidad en las resoluciones, antes de agotar los medios legales —apelación—”, aclaró.

Agregó que en el caso de los ministros, por decisiones que provocan inconformidad. “Son muy escasas las que denuncian actos de corrupción”, aseveró el presidente de la Cámara.

La Ley de Antejuicios afirma en el artículo 4: “Podrá ser presentada cuando se conste un delito (…), y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas”.

Rafael Rojas Cetina, presidente de la CSJ, aseveró la semana anterior: “Hemos resuelto casos de muchos jueces, y cuando el motivo lo constituye la función jurisdiccional por resoluciones emitidas y que pueden ser objeto de impugnación, se rechazan liminarmente”.

Se agilizó respuesta

La Fiscalía de Delitos Administrativos manifestó que no puede pronunciarse sobre el rechazo de las querellas; no obstante, se informó que en los últimos años se ha notado que la Corte ha agilizado el trámite.

Lizandro Acuña, experto en justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, aseguró que “muchas veces” las solicitudes intentan perjudicar la imagen del funcionario, y propone crear sanciones para quien lo use mal y que se reforme la ley para reducir el beneficio, ya que la normativa incluye “hasta” los candidatos a cargos públicos.

Vásquez agregó que presentaron al pleno la propuesta de crear una unidad encargada de las querellas, para agilizar los procedimientos administrativos. La propuesta incluye la digitalización.

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