La Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó las órdenes de captura emitidas contra personal de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) vinculados con la investigación del caso Odebrecht, informaron este lunes 13 de abril fuentes judiciales.

Las órdenes habían sido dictadas por la Sala Tercera de Apelaciones; sin embargo, casi un año después, la Cámara de Amparo determinó que esa resolución carecía de sustento legal.

Entre las personas señaladas figuraban Iván Velásquez, exjefe de la CICIG; Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia; la exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana, y el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval. La acción se originó a partir de una denuncia presentada por el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, procesado por corrupción en dicho caso.

Según la resolución, la Sala de Apelaciones actuó fuera de sus facultades al ordenar capturas y declarar rebeldías, atribuciones que corresponden exclusivamente a jueces de primera instancia encargados del control de la investigación.

La Cámara de Amparo también señaló que una sala no puede sustituir al juez natural para dictar medidas de coerción personal, por lo que concluyó que hubo extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Los magistrados indicaron que cualquier solicitud de captura debió plantearse ante el juzgado contralor del caso.

El 4 de junio del 2025, un grupo de exfiscales del Ministerio Público, incluida Thelma Aldana, rechazó las acusaciones en su contra dentro del caso Odebrecht.

En un comunicado, Aldana calificó los señalamientos como “estrategias de criminalización” por parte de la Fiscalía dirigida por Consuelo Porras.

El documento también fue suscrito por los exfiscales Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval, quienes afirmaron que las acciones del Ministerio Público buscan “perpetuar la impunidad” de personas señaladas en el caso.

En el pronunciamiento, mencionaron a Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Arturo Batres, quienes, según indicaron, habrían recibido más de US$20 millones en sobornos de Odebrecht.

Sinibaldi fungió como ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), mientras que Baldizón fue candidato presidencial antes de ser detenido en Estados Unidos por lavado de dinero.

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