“Todos los casos fueron ordenados por un juez o tribunal competente y se mantiene la vigilancia, según sea el perfil del privado de libertad. Puede ser dos, tres o cinco guardias”, añadió Esquivel.
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Un informe al que tuvo acceso Prensa Libre, del 1 de enero al 31 de julio del 2018, las infecciones respiratorias agudas son las enfermedades que suman más casos. Según se indica, en las 21 cárceles han sido atendidos dos mil 237 hombres y 503 mujeres por esas afecciones.
Mil 550 hombres y 449 mujeres han sido atendidos por inflamación de la piel suman.
La cantidad de enfermos podría deberse al hacinamiento en las prisiones que fueron diseñadas para seis mil personas pero albergan a 24 mil.
Por ahora el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) está a la espera de la resolución de un amparo que interpuso en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se autorice la liberación de seis reclusos que cumplen condenas y padecen enfermedades graves.
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“La lección que nos dejó la muerte de Barquín es recordar lo que garantiza nuestra Constitución, velar por la vida de las personas. Cuando una persona está privada de libertad pierde la libre locomoción y depende completamente del Estado para mantenerse con vida si sufre algún quebranto de salud”, afirmó Raúl Robles, director técnico del IDPP.
Critican sistema
La muerte de Barquín Durán, debido a su estado de salud, fue criticada ayer por varios diputados, ya que había solicitado libertad condicional.
El abogado Juan Rodolfo Pérez opina que lo sucedido a Barquín Durán se refleja en que “la sociedad exige cárcel, y esto hace difícil que los jueces puedan ser independientes”.
“Barquín no podía representar ningún inconveniente a la investigación porque ya había finalizado. Fue víctima de un socavamiento al sistema de justicia”, añadió Pérez.
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El Ministerio Público (MP) será notificado acerca de la muerte de Barquín Durán esta semana y será hasta que la jueza Éricka Aifán fije la fecha para celebrar la audiencia de ofrecimiento de pruebas que quede acreditada la suspensión de la persecución penal.
El lunes último, durante la sesión de jefes de bloques en el Congreso, se solicitó a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura que presente una denuncia para que se investigue quién tuvo la culpa del deceso.
Para algunos políticos la muerte de Barquín es una flagrante violación a los derechos humanos, mientras que Carlos Solórzano, relator contra la tortura, opina que se trata de una consecuencia del abuso de la prisión preventiva.
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