La comitiva del Organismo Judicial (OJ) también incluye a Hilda Elizabeth Pineda García y a Paula Herrarte, de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, todos escoltados por un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Alta seguridad

Ludwin Fuentes Fuentes, jefe de la PNC de Quiché, afirmó que  más de 200 agentes de la División de Fuerzas Especiales, Grupo de Acción Rápida, Núcleos de Reserva del Distrito Noroccidente —Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá y Quiché— y de las subestaciones de la región ixil —Nebaj, Chajul y Cotzal—  refuerzan la seguridad en el lugar.

El alcalde de Nebaj, Pedro Raymundo Cobo, considera importante y oportuno el traslado de los jueces, para que conozcan la situación que la población indígena vivió durante el conflicto armado.

Posturas diferentes

El presidente de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno de Nebaj, Miguel Guzaro Raymundo, pidió justicia a las autoridades.

“Los militares secuestraron y asesinaron a nuestros familiares, que no habían cometido delitos; hicieron tierra arrasada. Esperamos que la Ley ratifique la primera sentencia  contra Ríos Montt, porque sí hubo genocidio”, manifestó.

El alcalde indígena de Nebaj, Miguel de León, afirmó que, como autoridades ancestrales, siguen el proceso para asegurarse que los sobrevivientes no sean revictimizados.

“En el 2013, se dio una sentencia contra  Ríos Montt, y lo que hoy inicia en Nebaj es solo una formalidad para ayudar a los testigos, que por su ancianidad y problemas de salud no pueden viajar a la ciudad”, aseveró.

Añadió: “Los genocidas son Ríos Montt, —Fernando Romeo— Lucas García, —Óscar Humberto— Mejía Víctores y Otto Pérez Molina”.

César Cifuentes, de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, manifestó que llegaron a Nebaj para observar el desarrollo de la audiencia, que para ellos forma parte de un juicio ilegítimo.

“Este juicio debe ventilarse ante una corte internacional y no en este país, en donde el propio Estado está juzgando a exmilitares que estuvieron al servicio del mismo Estado para defender su soberanía con base en la Constitución Política de la República en contra de un grupo insurgente que actuó al margen de la Ley, atacó y mató al pueblo guatemalteco”, afirmó.

Antecedentes

Por los referidos hechos, Ríos Montt fue sentenciado el 10 de mayo del 2013 a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de humanidad y Rodríguez Sánchez fue absuelto por los mismos cargos; pero 10 días después, la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo y ordenó repetir el juicio.