La AJR actúa como querellante adherido en el proceso por genocidio abierto en contra del general golpista Oscar Mejía Víctores y Luis Enrique Mendoza, exdirector de operaciones del Estado Mayor del Ejército.
Ambos se encuentran prófugos de la justicia desde que el pasado miércoles un alto tribunal guatemalteco dictó una orden de captura en su contra por delitos de lesa humanidad y genocidio en 1982.
Mejía y Mendoza integraron el Estado Mayor de la Defensa del gobierno de facto del general golpista José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y “participaron activamente en la planificación intelectual del genocidio contra el pueblo maya Ixil“, según la AJR, que los acusa de 12 masacres.
Además, Mejía fue ministro de la Defensa y sus funciones fueron supervisar y coordinar las acciones militares planificadas en el plan “Victoria 82” , sostiene.
Mejía Víctores le dio un golpe de estado a Ríos Montt en agosto de 1983 y entregó el poder en enero de 1986 a Vinicio Cerezo, el primer civil tras varias décadas de regímenes militares.
En un comunicado, que es respaldado por cuatro organizaciones humanitarias, la AJR manifestó su preocupación ante el hecho de que los dos generales retirados del ejército se hayan fugado de Guatemala.
“Exigimos a las autoridades la persecución de estos prófugos” , señala la demanda, en la que se califica de “paso importante” las órdenes de captura girada por el alto tribunal que preside la jueza Carol Patricia Flores.
Otros dos generales retirados del ejército, Héctor Mario López Fuentes, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, están detenidos por la misma causa.
López Fuentes fue capturado en junio pasado y Rodríguez el 13 de octubre último.
En diciembre de 1999, a petición de la Primero Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, la Justicia de España tramitó una demanda penal en contra de Mejía Víctores y otros ex altos cargos guatemaltecos, por delitos de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad.
Aún cuando a finales de 2008 la Corte de Constitucionalidad (CC) , máximo tribunal del país declaró “improcedente” la persecución penal española en contra de los ex funcionarios guatemaltecos, aún se mantiene vigente una orden de captura internacional emitida por la Audiencia Nacional de España en contra de los acusados.
Esa causa incluye al general golpista José Efraín Ríos Montt (1982-1983) , al general retirado Benedicto Lucas, al ex jefe de policía, Pedro García Arredondo, y el ex ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez, quien se encuentra prófugo de la justicia desde 2005.
ACAN-EFE
