El robo del programa consta en la denuncia penal identificada como MP 001-2013-143409, presentada el año pasado por la citada empresa en la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, del Ministerio Público. El Renap no se ha adherido al proceso, aunque sí tiene conocimiento del mismo, según su director, Rudy Gallardo.
La denuncia es contra Conceptos Tecnológicos Gerenciales, S.A. (Cotegsa) y sus representantes, Leslie Batres Solórzano y Mario Jerez Zachrisson, a quienes se acusa de hurto, violación a los derechos de propiedad y reproducción de instrucciones o programas de
cómputo.
Jerez Zachrisson fue hasta abril pasado asesor del Directorio del Renap y fue director tecnológico de Easy Marketing.
Además, fundador de Corporación Inmobiliaria La Luz, empresa que emitió los pasaportes desde 1999, y de Intelident, S.A., que vendió un millón de libretas para pasaportes a la Dirección General de Migración. Aseguró que ya no es parte de ninguna de las empresas mencionadas.
Aunque lo niega, a Cotegsa se le vincula con la licitación que en julio último hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para monitorear las cuentas en redes sociales de periodistas y medios de comunicación.
PELIGRAN DATOS
Aunque la denuncia por el robo del programa es contra la empresa citada, fuentes consultadas aseguran que los códigos para leer la información confidencial se estarían vendiendo al mejor postor, lo cual deja a merced de cualquiera los datos privados que pueden ser copiados en cualquier momento y lugar, incluso en actos cotidianos como entregar el DPI para hacer un pago o hacer trámites donde el documento quede fuera de la vista del propietario.
De acuerdo con Lorena Escobar, analista en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el hecho deja a la mayoría de los guatemaltecos expuestos a diversas situaciones.
“Con la dirección podrían hacer preferencias de mercadeo o discriminación. Se podría hacer una clasificación por edades para el robo de propiedades, se aprovecharían de los grupos vulnerables como las personas de la tercera edad que tengan bienes inmuebles”, explicó Escobar.
La abogada afirmó que otro de los hechos en que podrían ocurrir es el lavado de dinero, ya que se podrían abrir cuentas bancarias con DPI falsos.
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells calificó de “terrible” que se pueda decodificar la información sensible y que la lleguen a comercializar.
“Hay delitos, no se pueden comercializar los datos, y el Ministerio Público debe perseguir a quienes lo hagan. El tema institucional tendrá una salida, pero los ciudadanos quedamos vulnerables, lo que es preocupante. El Renap debe presentar una denuncia. Solo el hecho de tener la información de los guatemaltecos es mucho poder”, indicó Balsells.
Lizandro Acuña, analista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señaló que el robo tiene sentido, pues ya hay empresas que venden listados de personas y se incluyen direcciones, correos electrónicos y el número del DPI.
“La falta de control demuestra que existe una responsabilidad de la empresa denunciante y del Renap. No se tuvo las medidas de seguridad para que la información no salga a luz pública”, refirió Acuña.
PROHIBIDA LA VENTA DE DATOS
La Ley de Acceso a la Información prohíbe la comercialización de datos personales.
En el artículo 9, punto 2, se califica como datos sensibles “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o actividad, tales como los hábitos personales, de origen racial, el origen étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones íntimas de similar naturaleza”.
El artículo 64 de esa normativa establece que “quien comercialice o distribuya por cualquier medio archivos de información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles, protegidos por la presente ley sin contar con la autorización expresa por escrito del titular de los mismos, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, y el comiso de los objetos instrumentos del delito”.
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios.
COMENTARIO
“Se podría hacer una clasificación por edades para el robo de propiedades; se aprovecharían de los grupos vulnerables, como son las personas de la tercera edad, para el despojo”. Lorena Escobar, analista de Asíes.
“No se tuvo las medidas de seguridad para guardar la información, puede contribuir al robo de identidad, así como a la falsificación de documentos de bienes muebles e inmuebles”. Lizandro Acuña, analista de Ipnusac.
POSTURA -Es un delito-
El director ejecutivo del Renap, Rudy Gallardo, quien reconoció saber del robo, explicó sobre las implicaciones que tiene que otras personas utilicen el sistema, y que al vender el programa se puede incurrir en un delito.
“No existe peligro como tal, la información que se tiene es sensible y no está disponible al público, pero en el momento que entrego mi DPI para que lean la información, doy el consentimiento para que obtengan mi información. Al final de cuentas la persona que lo hace está haciendo una base de datos, pero si luego la comercializa incurre en un delito, pero no es viable, pues se necesitan muchos lectores de DPI”, indicó Gallardo.
EMPRESA -Niegan robo-
Mario Jerez Zachrisson, uno de los denunciados y quien atendió a Prensa Libre instalaciones de Cotegsa, indicó que no tiene relación con la empresa y que desconoce sobre la denuncia penal.
Aseguró que el programa que comercializan es propiedad de Cotegsa y que obtuvieron el permiso del Registro de Propiedad Intelectual, el cual mostró físicamente.
Fernando Gómez, trabajador de la empresa, dijo que se tienen un programa que lee los DPI, pero los datos sensible siguen intactos. “No somos los únicos que tenemos la tecnología de lectura de DPI existen otras empresas”, dijo Gómez.
Denuncian a Empresarios
Sustracción de programa de cómputo para leer la información privada de los DPI fue denunciado en el MP.
En el 2013, la empresa Easy Marketing denunció a Leslie Batres Solórzano y a Mario Jerez Zachrisson, representantes de Conceptos Tecnológicos Gerenciales, S.A. (Cotegsa) por el robo del programa de cómputo.
Jerez Zachrisson fue director en Easy Marketing en el 2009.
En el 2012 los denunciados inscribieron en el Registro de la Propiedad Intelectual la autoría del programa.
Los riesgos de obtener la información es la comercialización de los datos de los ciudadanos.
