Al mismo tiempo señaló que la ONU envió un informe en donde se manifiesta que Rojas Mendoza, es funcionaria de dicho órgano internacional y que llegó a Guatemala para impartir cursos a funcionarios de Gobierno sobre puertos.
Mientras tanto el Ministerio Público señaló que ella incumplió la legislación guatemalteca y por ello se decomisó el dinero, por lo que pidió a los magistrados de la CC que denieguen la apelación y la acción de amparo planteada.