De ser admitido como colaborador eficaz del MP, González Álvarez sumaría un segundo proceso donde colabora con la fiscalía; el primero es el caso La Línea.

El caso

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes del caso La Línea.

Prevaricato y Cohecho Pasivo, son los delitos formales contra la jueza Marta Sierra de Stalling, por según los argumentos del MP y la Cicig, por supuestamente haber negociado con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufete de abogados dirigido por Chepito.

Entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz realizan retiros de efectivo, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.

Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.

“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodriguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, dijo el jefe de Cicig.