De acuerdo con el último informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), los homicidios y el robo de vehículos particulares tuvieron reducción en un índice de nueve delitos comparados entre el 2019 y el 2021. Sin embargo, las extorsiones se mantienen o crecen, en el peor de los escenarios.
Aunque las extorsiones ocurren en todo el país, las denuncias se concentran en 13 municipios. Según el análisis del Cien, hay una tasa de 80 denuncias de extorsiones por cada cien mil habitantes.
Por el 2020, tan atípico por la pandemia y con una intermitencia en las actividades públicas por los períodos de cuarentenas, las comparaciones respecto del fenómeno criminal de este año no se pueden comparar, al menos en línea directa. Pero al ver las denuncias de extorsiones, homicidios y robo de vehículos han tenido una tendencia al alza desde enero a mayo.
¿Dónde hay más reportes?
Guatemala, Suchitepéquez, San Marcos y Baja Verapaz son los departamentos con más denuncias por delitos de extorsión durante el 2021.
La reactivación de las actividades, incluso algunas que se adaptaron a las necesidades, como los vehículos particulares que sustituyeron el servicio de transporte en algunas zonas urbanas, también han sido víctimas de los grupos extorsivos.
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La Policía Nacional Civil he tenido informaciones sobre el cobro extorsivo por el uso de las calles a vehículos particulares y taxis.
Un piloto de estos vehículos, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, confió a Prensa Libre que para que los extorsionistas les autoricen el uso del “punto” –lugar donde esperan estacionados a los pasajeros— deben pagar hasta Q100 diarios, en promedio, ya que el monto lo fijan los delincuentes de acuerdo con el área donde se está prestando el servicio.
La Unidad contra las Extorsiones, de la PNC, reconoce que este delito era común antes de la pandemia, sin embargo, a partir de marzo del 2020 se incrementaron los cobros ilegales y en medio de los cierres por cuarentena estos grupos criminales siguieron cobrando a personas particulares, tiendas y comercios de barrios y transportistas.
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Las investigaciones del Ministerio Público y la PNC coinciden en que más del 60% de las denuncias que ingresan a sus agencias para que investiguen provienen de llamadas hechas por imitadores, quienes de forma regular están recluidos en prisión y desde los centros carcelarios extorsionan.
Homicidios
Según el análisis presentado por el Cien, la cantidad mensual de homicidios aumentó en mayo y la tasa interanual sigue creciendo y es de 16 por cada cien mil habitantes. Destaca que las muertes violentas del mes pasado son las más altas de los últimos 17 meses. Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Amatitlán; Tiquisate, Escuintla, Puerto Barrios, Izabal, y Quetzaltenango son algunos de los 18 municipios donde más se reportan las muertes violentas.
Lizandro Acuña, analista e investigador en temas de seguridad y justicia, explica que durante la pandemia se dieron algunos fenómenos como la activación de los imitadores por las restricciones de las visitas en las cárceles, fragmentaciones en estos mismos grupos, porque debían tener ingresos económicos y el alza en la cantidad de homicidios que están vinculados con este delito debido a que no hubo ninguna tregua en los cobros de las extorsiones.
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Acuña recuerda que en los primeros meses de que inició la pandemia en el país hubo un descenso en los homicidios, pero conforme se fue reabriendo la economía fue subiendo la incidencia criminal. Además, resalta que muchas de estas muertes violentas son ordenadas desde los centros carcelarios en donde están recluidos los cabecillas de clicas y pandillas.
“Hay que ver ese gran déficit que tiene el Estado en la reforma al Sistema Penitenciario del país. Tenemos actualmente una política nacional de reforma al Régimen Penitenciario que ya va a vencer, fue del 2014 al 2024, que no se ha podido implementar”, señala.
El Sistema Penitenciario tiene más del 350 por ciento de sobrepoblación en las prisiones, lo que genera corrupción y total descontrol por parte de las autoridades.
