Guatemala

Escucha telefónica cuesta Q10 mil

Jorge y Miguel tienen algo en común. Ambos pagaron más de Q10 mil para escuchar por un teléfono que no era el suyo.

BASTA CON conocer el Imei de un número de teléfono para duplicar la recepción hacia otro aparato, según los expertos que ofrecen el servicio.

BASTA CON conocer el Imei de un número de teléfono para duplicar la recepción hacia otro aparato, según los expertos que ofrecen el servicio.

Jorge lo hizo porque sospechaba de que su esposa le era infiel. Miguel, porque creía que su socio lo estafaba con sobreprecios. No tenían forma de comprobarlo hasta que consiguieron intervenir los teléfonos.

Ambos cometieron un delito que no amerita cárcel a menos que hagan público el contenido de la información, según el artículo 219 del Código Penal guatemalteco.

Escuchas por Q10 mil

Luis, director de una empresa, ante la sospecha de que escuchaban su teléfono, ordenó apagar los celulares y dejarlos fuera de su oficina antes de entrar a una reunión importante.

Algunos diputados y políticos sospechan lo mismo. Lo denuncian. Es una paranoia que afecta a muchas personas y que no se reduce solo a la comunicación telefónica, sino también a correos electrónicos.

Sin embargo, antes, cuando se hablaba de escuchas telefónicas, las miradas señalaban al Gobierno y a grandes compañías privadas que tenían el poder económico para adquirir tecnología para ese fin.

Ahora este “servicio” ilícito se ofrece a un costo promedio de Q10 mil y hasta se puede pagar con tarjeta de crédito en 12, nueve, seis y tres meses, este último a precio de contado, sin recargo.

Además dicen que el servicio es garantizado y presumen de haber hecho trabajos para algunas instituciones de gobierno, pero se reservan los datos.

“Esto es ilegal”

Una de las empresas que ofrece el servicio de “espiar teléfonos” se encuentra a inmediaciones del Paraninfo Universitario, en la 2a. avenida y 12 calle, zona 1. Es una oficina pequeña, en el segundo nivel de una casa antigua donde se rentan oficinas.

La empresa que ofrece el servicio de “espionaje” también vende cámaras de seguridad y otro artículos de vigilancia.

Quien atiende el negocio advierte desde el principio de que “nadie más hace el servicio porque es ilegal”. Él lo tiene claro. Y lo dice para explicar que debe ser algo que queda entre ellos y el cliente, una especie de pacto no explícito, pero que hace patente para evitar malentendidos o reclamos posteriores.

Una vez acordado el precio, pide que le lleven un teléfono. Es un celular nuevo: un Nokia N97, que tiene en el mercado un precio de poco más de Q2 mil.

El vendedor explica que ese teléfono tiene un programa “que no es identificado por nadie” y que permite escuchar llamadas. Para ello debe configurarse con otro número que recibirá mensajes de texto informando si del teléfono Nokia se envían o reciben mensajes, y si se realizan o reciben llamadas.

“Para escuchar la llamada —entre el teléfono vigilado y otro— usted debe llamar al número de donde provienen los mensajes. Tapa o remueve el micrófono, para que ellos no escuchen, y listo”, indicó el vendedor.

Refirió que también se podrán leer los mensajes de texto que entren y salgan. Hasta ese momento no habla de precios. Usa la táctica del buen vendedor: primero expone las ventajas del aparato y después habla de precios.

“Si paga en efectivo son Q8 mil 800, si paga en 12 visa cuotas sube a Q10 mil”, afirmó.

“Nadie más lo hace. Hay otra empresa internacional, creo que es argentina, pero como están lejos no tiene la garantía de que funcione”, indicó el vendedor.

Contó que ha vendido el servicio a esposos y esposas que desconfían.

“Funciona así: usted regala el teléfono, que esa persona lo use y ya, listo”, afirmó.

Se le pregunta si funciona con cualquier teléfono y responde que no, que debe ser el teléfono que ellos dan. “Si usted quiere traer el teléfono —Nokia N97—, está bien. Por instalar el programa cobramos Q5 mil”, dijo.

Servicio asegurado

Sergio también vende el servicio de escuchas telefónicas. Aseguró que no tiene oficina y que trabaja a domicilio, instalando micrófonos o cámaras. La cita la hace en un café. Es directo. Aclara que no necesita tener el teléfono físicamente. Solo necesita obtener el número de identificación internacional del celular —IMEI, en inglés— y con eso basta.

Presume de que tiene contactos en algunas empresas telefónicas.

“Yo te doy un teléfono espejo. Al celular le quito el micrófono para que no escuchen si hacés ruido. No tenés que responder. Si la otra persona contesta, verás el reloj de la llamada iniciarse”, refirió.

Indicó que el servicio es seguro y que la ventaja de su “producto” es que no necesita conocer a la otra persona.

“Solo necesitás un minuto para obtener el Imei. En cambio, ¿cómo le hacés llegar un teléfono a otra persona para que lo use?”, preguntó.

Sergio no explicó, a diferencia del otro vendedor, el método que utiliza para que un aparato intercepte la comunicación entre dos teléfonos.

“Nosotros, que estamos en el servicio de seguridad privada, no decimos nuestros secretos”, dijo.

Hasta ese momento afirmó que es de una empresa de seguridad privada.

Expresó que el precio es de Q12 mil al contado, que no hay rebajas ni pagos por abonos. Que el servicio es “asegurado” y que no habrá rastro de su trabajo.

Vulnerabilidad
Programas para intervenir teléfonos

En internet existen varios programas para espiar teléfonos celulares, pero dependen del modelo y el sistema operativo que tengan.  El más famoso es el Spyfone, que funciona con Android. También con celulares Samsung, HTC, Motorola, LG, Sony y Nokia.  En la página explican que están trabajando para adecuar el programa para que sea funcional con el sistema operativo del iPhone.

Un programa de espionaje cuesta un promedio de US$300 a US$600.

Las “funciones” ofrecidas son escuchar llamadas, leer mensajes de texto que salen y entran, y monitorear lugares donde ha estado la persona, por medio del sistema posicionamiento global  que está instalado en el móvil, que envía información cada
30 minutos.

Además se puede entrar en una página de internet del programa donde queda guardado todo el registro de llamadas que se realizan o reciben. Tener control de las páginas web que se han visitado desde el teléfono y de los contactos guardados en el celular.
En el mercado existen otros programas que ofrecen casi las mismas funciones, por ejemplo Spybubble, Flexispy, Mobile Spy, Call Track. Algunos no funcionan con todos los teléfonos celulares.

Q10 MIL es el promedio que cuesta el servicio de espionaje.

12 MESES hay planes para pagar hasta en un año el servicio.

300 DÓLARES cuesta en internet un programa de espionaje.

Ley
Intercepción
El artículo 19 del Código Penal de Guatemala indica: “Intercepción o reproducción de comunicaciones. Quien, valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas u otras semejantes o de igual naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales”.

Ley
Agravación
Las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los tres artículos que preceden serán de prisión de seis meses a tres años en los siguientes casos: 1) Si el autor se aprovechare de su calidad de funcionario o empleado de la dependencia, empresa o entidad respectivas; 2) Si se tratare de asuntos oficiales; 3)   Si la información obtenida, el autor la hiciere pública, por cualquier medio.

Sin ley contra escuchas ilegales

Rolando Alvarado, experto en asuntos tecnológicos y jurídicos,  y  coautor del libro Ciber Crimen, explicó que en Guatemala no hay una ley que regule el “ciber espionaje”  y que podría aplicarse a las intervenciones de teléfonos celulares que no solo se limitan a llamadas, sino a datos de todo tipo. 

“Con relación al acto de escuchar una conversación telefónica sin autorización, sin importar el tipo de información obtenida o revelada, y de conformidad con la legislación guatemalteca, existe el delito de interceptación o reproducción de comunicaciones regulado en el artículo 219 del Código Penal”, indicó  Alvarado.

Afirmó que dependiendo de qué información se dé a conocer, así será la pena impuesta.

“Por ejemplo, la información podría tener relación con aspectos de seguridad del Estado, caso en el cual podría aplicarse la pena de seis meses a dos años de prisión. También  para conocer secretos empresariales o para cometer actos de competencia desleal o de violación de derechos de autor, caso en el cual estaríamos ante un “concurso de delitos con penas que podrían llegar a cuatro años de prisión y multa de hasta Q500 mil”, afirmó.

Alvarado dijo que por eso es necesaria una ley sobre  ciberespionaje.

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