Profesionales de la PGN, la institución que funciona como abogada del Estado, aseguraron que procesos  como La Línea, IGSS-Pisa y TCQ, entre otros, les han dado batalla para recobrar los fondos perdidos, debido a la poca información que proporcionan las entidades del Estado, la utilización de testaferros y obstáculos para localizar el dinero.

Impacto

Hasta mayo último, la PGN había registrado cuatro mil 750 procesos —penales, civiles, de lo contencioso administrativo y contra el medioambiente—, en los que de alguna manera se lesionó al Estado. De esa cantidad, unos 35 son considerados de alto impacto o de cuello blanco.

Prensa Libre, con información de la PGN, localizó 23 de esos procesos —12 salieron a luz entre el 2015 y 2016— y al sumar las cantidades desviadas o defraudadas se detectaron Q4 mil 399 millones 873 que el Estado, por algún agravio, no recibió y que pretende recuperar.

Por ejemplo, en el proceso penal denominado Lavado y Política, en el que se juzga el financiamiento ilícito de partidos, la PGN intenta recuperar Q958 millones, mientras que del caso Alka Wenker, en el que el Ministerio Público (MP) acusa a dos personas de haber defraudado al Estado por Q382.9 millones, más multas e intereses, se busca recuperar Q1 mil millones por defraudación.

Existen unos 12 casos de fincas cafetaleras en los que se pelean cifras millonarias y algunos tributos de menor cuantía.

Cuesta arriba

Abraham Vela, jefe del área penal de la PGN, informó que la lucha para rescatar el dinero en hechos de alto impacto se complica, a diferencia de los montos perdidos en casos tributarios o no mediáticos.

Para Vela, las dificultades se deben a la poca información proporcionada por las entidades para hacer el reclamo de la reparación digna.

“Lo que se requiere es información veraz, y muchas veces en los procesos no se entregan esos datos, lo que dificulta no tener la base legal para reclamar los daños, que son establecidos por el Ministerio Público (…)”, explicó Vela, sin especificar las intenciones que tienen las instancias afectadas para retardar la entrega de la información que solicita la PGN.

Agregó que las entidades se tardan hasta seis meses para entregar la documentación, oficios o datos para sustentar la petición de recobrar los fondos perdidos.

“A la presente fecha, el Congreso no ha enviado el monto del daño causado en el tema de plazas fantasma (…). En reiteradas oportunidades se pidió”, enfatizó.

Vela señaló que otra de las instituciones que no ha entregado datos de la cifra perdida es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en el caso Negociadores de la Salud —estructura que buscaba favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de comisiones—, en el que están involucrados la anterior junta directiva y particulares.

El funcionario explicó que en muchos de los procesos tributarios la recuperación es más rápida porque, aunado al proceso penal o civil, las partes llegan a acuerdos para cancelar el dinero evadido, multas y mora.

Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, refirió que la recuperación del dinero también se torna dificultosa porque  los sindicados utilizan a terceras personas que prestan su nombre en un contrato o negocio, que en realidad es de otro individuo, para esconder fondos obtenidos en forma ilícita.

“El uso de los testaferros lo complica; sin embargo, a través de los juzgados de Extinción de Dominio, se debe recuperar”, dijo el contralor.

Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio, aseveró que aunque los expedientes  de alto impacto o de cuello blanco en ocasiones se complican  porque se  desconoce la ubicación del dinero,   no son distintos a los procesos comunes. 

“Yo creo que un caso de alto impacto no es diferente con un común, en cuanto a la recuperación de los bienes. El problema es ubicar dónde están los bienes. El inconveniente es que en los procesos de cuello blanco lo que sucede es que las personas tienen más posibilidades de ocultar el dinero a través de sociedades o negocios que tratan de darle una apariencia lícita al origen del capital. Ahora, en el tema procesal, todos son iguales”, enfatizó.

El juez explicó que cuando una persona es capturadas en el aeropuerto con dinero sin declarar se tiene  la evidencia, lo cual ayuda, pero en casos de corrupción de alguna manera el MP debe determinar dónde está escondido o invertido, y eso es una dificultad para recuperarlo.

Recuperado

Según la memoria de labores de la PGN, en el 2015 se recuperaron, en diferentes procesos,   Q160 millones. “En el área penal fueron Q24.2 millones y en lo civil, Q19.5 millones, mientras que en la rama de lo contencioso administrativo fueron Q69.9 millones”, indica el documento.

 Vela señaló que del 1 de enero al 31 de mayo último se recuperaron Q820 millones 700 mil, luego de que Aceros de Guatemala, Farmacias Galeno y embotelladora Ajemaya, S.A. —propietaria de la marca de bebidas Big Cola— pagaran   impuestos, intereses y moras que habían evadido.

La primera de esas firmas pagó Q782.9 millones, y con ello fue desintervenida, el 30 de mayo último. El segundo caso ganado fue el de los  representantes de Farmacias Galeno, que pagaron Q25.8 millones, por haber incumplido con el pago de tributos.

Ajemaya canceló  Q27.8 millones. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el monto recuperado corresponde a un adeudo tributario por el ejercicio fiscal del 2013 que esta empresa tenía con la entidad recaudadora.

La SAT agregó que Ajemaya no fue intervenida porque el proceso que se seguía con esa empresa era administrativo, y por las auditorías efectuadas  la compañía decidió pagar de manera voluntaria.

Sin pagar

La PGN no pierde la esperanza de recuperar los montos de al menos   ocho procesos que se han entrampado en el Organismo Judicial.

Uno de ellos es el desfalco en el Ministerio de la Defensa Nacional, por Q471 millones, durante el gobierno de  Alfonso Portillo, caso en el que están vinculados nueve militares, incluido Enrique Ríos Sosa, hijo de José Efraín Ríos Montt.

Además se pelean en los juzgados Q30 millones que fueron sustraídos de esa misma dependencia y depositados en el Crédito Hipotecario Nacional.    

Otro de los procesos que se siguen es por el desvío de Q82.8 millones que hizo el Congreso  hacia la bolsa Mercados del Futuro, cuando Eduardo Meyer era presidente de ese organismo estatal. “A esa cantidad se deberían  sumar Q35 millones de intereses lícitos que se dejaron de percibir”, indicó Vela.

Fondos perdidos

La Procuraduría General de la Nación  confirmó a Prensa Libre  en 2013 que en 10 años —2003 al 2013— fueron procesados exfuncionarios del Ejecutivo y Legislativo, acusados de malversación de unos Q2 mil 456 millones del Estado, pero   a causa de que algunos fueron absueltos en los juicios solo se han recuperado Q228.5 millones.

En el caso del expresidente Alfonso Portillo, acusado por el MP del desvío de Q120 millones en el Ministerio de la Defensa,  ese dinero podría no recuperarse porque el exmandatario fue absuelto.

Tampoco se podrán recobrar Q6.5 millones que supuestamente salieron de la Contraloría General de Cuentas hacia la entidad Amigos en Acción.