Alberto Morales Canales, fiscal General en funciones, dijo en conferencia de prensa que los detenidos son empleados directos de Hidro Santa Cruz y añadió que el homicidio que ambos cometieron originó la conflictividad social.
El funcionario manifestó que por el momento no se ha determinado si García y Ortiz actuaron por instrucciones de la compañía o si hubo otra motivación.
Las capturas, según el MP, se concretaron a partir de fotos robots con base en testimonios de vecinos de la comunidad Poza Verde Recreo 8, donde ocurrió el homicidio.
La muerte de Miguel ocurrió el 1 de mayo último, tras lo cual se produjeron disturbios en el centro y comunidades de Barillas contra la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, a la cual la turba culpaba por el deceso.
El Gobierno impuso el estado de Sitio en aquella localidad de Huehuetenango ese mismo día y durante 18 días, donde hizo 17 capturas y patrullajes para recuperar el orden.
Las fuerzas de seguridad desplegaron 480 militares y 350 policías en esos días. Los operativos costaron al erario Q5 millones 302 mil 300.
