Guatemala
Extorsión modifica logística de la industria alimentaria en Guatemala
La extorsión impacta de forma directa al sector alimentario, con reducción de cobertura, pérdidas en ventas y distorsión del mercado. Un empresario afirma que algunas compañías han dejado de operar en zonas que experimentan alza de ese delito.
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Las abarroterías de barrios capitalinos han tenido desabastecimiento de ciertos productos debido a que las empresas distribuidoras evitan ingresar a determinados sectores por extorsiones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El crimen organizado no solo cobra vidas, también deforma el mapa comercial de Guatemala. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), advierte que las extorsiones han aumentado incluso en barrios donde antes no eran comunes y hoy afectan gravemente a empresas que dependen de una distribución constante. Algunas compañías ya han optado por evitar zonas con alta incidencia de extorsiones para proteger a sus trabajadores, aunque eso implique perder mercado.
Las extorsiones ya no solo afectan a transportistas o pequeños comercios. La industria alimentaria también ha comenzado a replegarse en barrios dominados por el crimen, lo cual provoca efectos secundarios como desabastecimiento en abarroterías, alza de precios y cierre de rutas de distribución. Así lo advirtió Enrique Lacs, asesor en asuntos comerciales y de seguridad de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), quien subraya que el fenómeno ha escalado a niveles preocupantes.
Según Lacs, las cuotas exigidas por los extorsionistas han aumentado considerablemente. Como ejemplo, explicó que, si antes las empresas pagaban Q100 por ingresar a una colonia, ahora pagan Q200; sin embargo, “cuatro cuadras más adelante, otro grupo vuelve a exigirles dinero”, lo que ha encarecido los costos de operar en determinadas zonas urbanas.
Ante esa situación, Lacs indicó que, en zonas como la 25, 18, ruta al Atlántico, sectores de Villa Nueva, Amatitlán, colonia Bethania en la zona 7 y La Florida, zona 19, las empresas han optado por evitar el ingreso. Otras sí ingresan, pero deben pagar para no ser asediadas por delincuentes.
“Es grave para empresas con alta rotación de inventario, que necesitan abastecer con frecuencia a tiendas, minisúpers y almacenes. Si no pueden ingresar a ciertas áreas por razones de seguridad, las pérdidas son inevitables”, detalló.
Añadió que las restricciones impuestas por el crimen organizado han alterado las dinámicas del mercado, y generaron otro panorama donde los productos escasean o no se entregan con regularidad.
"Esto no solo perjudica a las empresas, sino también a miles de familias que dependen de estos puntos de venta para abastecerse. En el caso de la industria, las extorsiones han aumentado en los barrios más rojos. El alza de las cuotas afecta considerablemente la distribución, las ventas y los costos”, acotó.
Añadió que la ausencia del Estado en muchas de estas áreas es evidente y ha dejado el control territorial en manos del crimen, que impone su ley mediante la violencia.
“El hecho de que empresas hayan decidido no circular por algunos de los barrios rojos restringe el servicio de ventas a tiendas, almacenes y depósitos, y todos salen afectados”, señaló.
Agregó: “Afecta más a las empresas que tienen alta rotación de inventarios en las tiendas, por lo que deben abastecer con mucha frecuencia a los distribuidores, almacenes y depósitos”.
Lacs explicó que empresarios y autoridades del Ministerio de Gobernación conformaron una mesa técnica de seguridad en la que se ha discutido el problema, y donde los representantes del sector privado proporcionan datos que pueden contribuir a las investigaciones. No obstante, advirtió que la mayoría de participantes son “empresas grandes”, que cuentan con personal de seguridad, pero no se incluye a las pequeñas, que no tienen recursos para contratar un jefe de seguridad, por lo cual ya se hizo la solicitud correspondiente a las autoridades.
Tenderos de pequeñas abarroterías comentan que, si una empresa formal no puede distribuir, otros lo harán, aunque reconocen que muchas veces lo hacen sin control sanitario y sin facturación.
Informes
La alerta de la CGAB ocurre en medio de un repunte sostenido en las cifras de extorsión en el país.
Un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) indica que, en mayo último, se denunciaron 2 mil 713 casos. La tasa interanual se incrementó, y en ese mes alcanzó 150.6 denuncias por cada 100 mil habitantes.
El Observatorio de la Violencia de Diálogos, en su informe correspondiente a abril del 2025, también advierte que la situación se agrava, pese a los operativos y medidas de contención anunciadas por las autoridades.
Según dicho estudio, en abril se reportaron 2 mil 92 extorsiones en todo el país, una ligera disminución respecto de los más de 4 mil casos registrados en febrero. Sin embargo, en lo que va del año, las denuncias ya suman más de 9 mil 141, lo que evidencia un aumento frente a años anteriores.
El documento detalla que la tasa interanual a nivel nacional fue de 148.5 extorsiones por cada 100 mil habitantes, lo cual representa un incremento del 23% respecto de abril del 2024. La tendencia apunta a un crecimiento constante desde el 2015, con algunas fluctuaciones.
Los departamentos de Guatemala y Retalhuleu muestran las tasas más elevadas, con 335.44 y 179.89 extorsiones por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Municipios específicos también presentan niveles alarmantes, con zonas que concentran los mayores índices y que requieren atención urgente de parte de las autoridades.
El informe advierte de que solo alrededor del 35% de las víctimas denuncia estos delitos ante las autoridades, por lo que el número real de extorsiones sería mucho mayor. Además, el documento incluye mapas y tablas que permiten visualizar con claridad los focos rojos en distintas regiones del país, los cuales son calificados como un recurso valioso para orientar políticas de seguridad y prevención.
El 8 de febrero del 2024, el Ministerio de Gobernación presentó al Grupo Especial contra Extorsiones (Gece), conformado por 440 agentes de la PNC, cuya misión es combatir este delito. Aunque en la PNC no se tiene un dato específico de los resultados de esa unidad policial.
También se informó que como parte de las acciones se han efectuado requisas constantes en cárceles para evitar que los reos utilicen teléfonos para efectuar llamadas amenazantes y se la mantiene coordinación con sectores empresariales y de transporte para fortalecer la seguridad. El Ministerio Público también informó que son constantes los operativos para desarticular estructuras criminales que cometen extorsiones a la población en general.
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