Justicia

Extorsiones en Guatemala: Pagos en efectivo dificultan rastreo de extorsiones

Aunque no más del 18% de las extorsiones podrían ser mortales, un porcentaje mayor de víctimas las paga por temor a morir. La indetectable bancarización de la mayoría de fondos, o la falta de ella, impide su rastreo y permite a los criminales seguir extorsionando.

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Los ingresos que provienen de extorsiones rara vez son bancarizados, lo que hace difícil su rastreo. -Foto de referencia- (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los ingresos que provienen de extorsiones rara vez son bancarizados, lo que hace difícil su rastreo. -Foto de referencia- (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Dinero, aguja en un pajar

Los millones de quetzales que reciben los extorsionistas no siempre se ubican en el sistema bancario, aunque en cinco operaciones de gran escala se identificaron defraudaciones patrimoniales que oscilan entre Q1.9 millones y Q22 millones, involucran 149 expedientes resueltos, y varios cientos de capturados. La norma, según el MP, es que los extorsionistas mueven el dinero en cantidades tan pequeñas, y cuentas de bajo perfil, que no levantan alertas en la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La IVE usualmente reporta a la Fiscalía de Lavado de Dinero movimientos irregulares de dinero en la banca, que ameritan abrir una investigación por lavado de dinero.

Las pandillas pueden exigir bonos periódicos de Q20 mil a una sola empresa, y extorsionar a unas cinco empresas, pero exigen depósitos de Q5 mil o Q7 mil en diferentes cuentas prestadas. Los imitadores también pasan bajo el radar de la IVE, porque rotan las cuentas que usan, hacen depósitos mínimos, o no usan los bancos.

Boteo explica que los cabecillas pandilleros persiguen lograr la mayor cantidad de dinero para ellos y sus familias. Un investigador del MP afirma que es común que el dinero no entre al sistema bancario. También se emplea para atraer a adolescentes de escasos recursos hacia la pandilla. Les pagan hasta Q100 por tareas menores, pero hay bastantes colaboradores, y el dinero se gasta rápido.

Los casos en que el MP ha rastreado involucran a la Mara Salvatrucha, y la inversión en ventas de carros usados, unidades de transporte colectivo y prostíbulos—con servicios e ingresos difíciles de identificar porque el dinero no ingresa al sistema bancario. En el caso de la Barrio 18 el rastro del dinero es más elusivo porque invierten en negocios pequeños, como abarroterías, que están a nombre de testaferros y tampoco usan el sistema bancario.

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Cuentas intocables

Un detective policial afirma que el secreto bancario es un obstáculo en las investigaciones, y que las extorsiones continuarán en tanto las cuentas de los colaboradores de los extorsionistas no sean canceladas. “Los bancos no colaboran de forma inmediata; todo requiere orden judicial”, señala. “Se necesitan reformas de leyes, o mayor coordinación interinstitucional”.

En Dipanda, Boteo explica que reos condenados, y con múltiples sentencias, de varios departamentos del país, obtienen por medio de sus familiares y colaboradores números de cuentas bancarias de personas que ni siquiera conocen. “A veces, por ignorancia, son engañados y prestan su cuenta para que les depositen un dinero, o tienen necesidad económica, y a cambio de una comisión del 10% (Q100 si se trata de Q1 mil) retiran el dinero de sus cuentas, y quedan involucrados en una extorsión”.

Algunos capturados tenían hasta cinco cuentas bancarias, y sus tarjetas de débito y cuentas también estaban a nombre de sus familiares, quienes las siguen usando para cobrar extorsiones, según la PNC. “Debería haber una alerta en el sistema bancario para que quien presta su cuenta, o la utiliza para cobrar extorsiones, no pueda abrir otras cuentas, ni realizar una transferencia”, señala Boteo.

Una fuente de la Superintendencia de Bancos (SIB) dijo que Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos obliga a los bancos a prevenir que sus cuentas sean usadas para lavado de dinero, y a cancelar las cuentas si establecen que sirvieron para cometer hechos ilícitos. La fuente agregó que la IVE ha descubierto que los delincuentes utilizan testaferros para abrir cuentas en otros bancos del sistema. “La SIB no tiene las facultades legales para instruir la cancelación de cuentas”, dice.

Los extorsionistas no invierten en propiedades o en gastos rastreables. “No acumulan bienes, o propiedades, como los narcotraficantes, por ejemplo, sino lo gastan en fiestas, electrodomésticos, vehículos, y en sus familias”, dice un investigador del MP.

Los extorsionistas imitadores también tienen acceso a dinero porque encuentran víctimas que, por desconocimiento, les pagan lo que exijan. “En un caso, una persona nos dijo, ‘Para ayudarles, ya fui a hacer el pago, para apoyarles’”, dijo una investigadora en el MP. En realidad, había hecho lo contrario. Cada pago habilita a los extorsionistas, particularmente en la cárcel, para seguir extorsionando a más víctimas.

Una raya más para el tigre

La PNC afirma que la muerte de pilotos y comerciantes cobró auge como medida de presión entre 2009 y 2011. De 2011 data la detonación de un explosivo en un bus de Rutas Quetzal, un hecho que planificó desde la cárcel Gustavo Pirir García, alias “El Hammer” (entonces miembro de Barrio 18), y que mató a nueve personas e hirió a 14. La extorsión se extendió hasta las cárceles por vía telefónica para 2012.

En enero pasado, cuando Pirir García ya cumplía una condena de 514 años en la cárcel El Infiernito, en Escuintla, por el ataque de 2011, ordenó otro ataque a un autobús de la ruta 32 en la zona 7 capitalina que dejó a otros siete heridos.

“A los extorsionistas con múltiples condenas sólo les interesa obtener dinero”, dice Boteo. “Le incauto un teléfono a alguien que ya está detenido y le dan otros seis años de prisión, o 20 años por un asesinato, y no le importa porque va a estar toda su vida allí”. El hecho de que las cárceles del Sistema Penitenciario (SP) tienen un 400% de sobrepoblación les facilita la tarea.

Una vez pillados en el acto de extorsionar desde una prisión, porque les incautaron celulares y evidencia de cometer extorsiones, o porque algún cómplice detenido los delató, los extorsionistas nuevamente son puestos a disposición de un juez, quien establece si la persona detenida es devuelta a la misma cárcel o trasladada.

En los mercados de Chinautla, departamento de Guatemala, por ejemplo, los asesinatos de locatarios en 2016, fueron ordenados por autores intelectuales en la cárcel como una antesala de las extorsiones. “Tratamos de convencer a los locatarios de que denunciaran, pero se negaron”, dice Boteo. “Muchos saben que entre ellos hay familiares de los pandilleros, que están en El Infiernito en Escuintla, y son familiares que hasta se pelean por reunir el dinero [de la extorsión] porque les queda a ellos la comisión”.