Extorsiones siguen en aumento y ahora alcanzan a las iglesias evangélicas

Las extorsiones han mantenido una tendencia al alza y ahora han alcanzado también a iglesias evangélicas del país. Dipanda de PNC lucha contra este flagelo.

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Familiares y amigos le dieron el último adiós al agente de seguridad del Ministerio Público, Santos Carmelo Hernández Siana, en 6 de mayo en la aldea San Gabriel Pasuj, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Foto Facebook.
Familiares y amigos le dieron el último adiós al agente de seguridad del Ministerio Público, Santos Carmelo Hernández Siana, en 6 de mayo en la aldea San Gabriel Pasuj, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Foto Facebook.

Un crimen que ocurrió en la capital llevó dolor a una familia en la aldea San Gabriel Pasuj, en el municipio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.

El llanto de los familiares fue desgarrador mientras cargaban el féretro que llevaba el cuerpo de Santos Carmelo Hernández Siana, de 38 años.  

Junto con familiares, amigos y feligreses de la iglesia a que asistía, recorrieron más de 160 kilómetros para darle el último adiós en su tierra natal. Lo sepultaron en el cementerio de la localidad ayer.  

Hernández Siana, de 38 años, fue abatido a balazos el pasado 3 de mayo por un sicario que le disparó durante un servicio religioso que se llevaba a cabo en la iglesia evangélica Misión Romanos 15:13 Central, en la avenida Bolívar y 28 calle, zona 3 capitalina.  

El sujeto, a quien investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) vinculan con un grupo criminal que se dedica al sicariato, llegó en una motocicleta.  

Se apostó en la puerta principal y le disparó a Hernández Siana, que cayó fulminado. Los Bomberos Voluntarios lo llevaron mal herido a un hospital junto con una mujer que también resultó lesionada. En el centro asistencial murió Hernández.   

Las personas que estaban en el recinto religioso, entre gritos y clamor por ayuda, intentaron hacer algo por la víctima, pero no pudieron hacer nada.  

La esposa de Hernández aseguró que no se imaginaron que pasaría algo así. “Nunca me dijo que estuviera amenazado”, recordó, mientras hacía memoria de cuando llegaron a la capital para iniciar una nueva vida junto con sus cinco hijos. Dejaron la aldea porque su esposo ya tenía un año de laborar para el MP.  

Santos Carmelo Hernández Siana, de 38 años, durante un servicio religioso en la iglesia Misión Romanos 15:13 Central. Foto Facebook.

En ese tiempo jamás les había pasado algo como esto, y ni se imaginaba que ocurriera una fatalidad. Ella y sus cinco hijos ahora estarán en la aldea natal para vivir el duelo. El último recuerdo que tiene de él es justo tirado en el piso, ensangrentado y con los ojos cerrados. 

La víctima 

Hernández Siana era un agente de seguridad del Ministerio Público (MP) asignado a la Fiscalía contra las Extorsiones. 

Su labor en la institución comenzó el 24 de abril de 2008. En 14 años se había encargado de la seguridad en la institución y cuidaba de auxiliares y fiscales no solo de extorsiones, sino de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).  

El subdirector de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC), Adal Rodríguez Najarro, aseguró que investigan el caso y que por ahora no podrían vincularlo únicamente con el trabajo del agente asesinado, sino que deben analizar otras posibilidades, incluida la extorsión a la iglesia.   

El jefe de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Deic, Ángel Cámbara, coincidió con Rodríguez y aseguró ellos colaborarán con las pesquisas para establecer si corresponde a algo relacionado con las extorsiones. Explicó que por ahora no tienen ninguna denuncia sobre extorsiones a iglesia es ese sector de la capital.   

Lucha complicada 

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), reveló en su último informe que los homicidios se incrementaron en un 18 por ciento durante enero, febrero y marzo. En abril la incidencia continuó al alza y prueba de ello es el caso de Hernández Sian, así como otros ataques en donde han muertos pilotos de buses, taxis, mototaxis y dependientes de tiendas y abarroterías.   

El Cien llamó a ponerle atención a las extorsiones porque presentan de nuevo un aumento en relación con el trimestre de 2021. Según el Cien, en promedio, cada hora, se denuncian dos casos de extorsión en el país, y en particular en la ciudad de Guatemala y municipios como Villa Nueva y Mixco. 

En enero reportaron mil 135 denuncias, mientras que, en febrero, mil 209 y en marzo, mil 333. Pronosticaron que abril se mantendría al alza por los hechos registrados. La tasa de extorsiones por cada 100 mil habitantes la establecieron en 76.1 en este trimestre. En 2021, en las mismas fechas fue de 74.   

Estas cifras forman parte del último informe que presentó el CIEN.

La mayoría, según la PNC, lo cometen imitadores, un 80 por ciento de ellos, y el resto lo hacen la Mara Salvatrucha y la pandilla del Barrios 18 que están en las calles y otros más que están privados de libertad.    

Walter Menchú, investigador del Cien, explicó que de 2014 a la fecha se han hecho esfuerzos por frenar el flagelo, pero los resultados han sido pocos. Este crimen ha crecido sin control a pesar de los esfuerzos y de haber creado la fiscalía, juzgados y tribunales especializados en la materia.   

Durante 2021, de acuerdo con el Ministerio Público, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión logró sentencias condenatorias en contra de 659 personas en todo el país. Las cifras del MP establecen que recibieron 7 mil 510 denuncias por ese flagelo. 

Menchú indicó que desde 2014 se “creó la fiscalía contra las extorsiones, dedicada específicamente a investigar el delito, y en el Organismo Judicial, abrieron juzgados y tribunales por lo mismo, aunque estos comenzaron a funcionar en 2020”. 

 “Sin embargo”, explicó, “no han logrado incidir en los indicadores. Uno quisiera ver que a partir de que se hacen más esfuerzos para judicializar, para investigar, para desarticular las bandas que se dedican a este crimen, se reduzca, pero no”, expresó.  

Eso sí, valoró que la PNC y Dipanda continúen con la lucha ante este flagelo que cada vez aqueja a más guatemaltecos en todo el país.  

Menchú recordó que las extorsiones comenzaron a denunciarse masivamente en 2008. Y de esa fecha a la actualidad ha sido un delito que ha afectado a todos los sectores productivos, a personas de todo estrato social, y en todo el territorio nacional.  

Dipanda estableció que el departamento de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Suchitepéquez son los lugares en donde más se denuncian casos de extorsión. 

“Este flagelo está fuera de control desde hace mucho, pero en 2008 es el año en que probablemente se empieza a denunciar masivamente. Entonces entre 2008 y 2012, podríamos decir que se salió de control y ha estado así desde entonces, a pesar de los esfuerzos”, expuso Menchú.  

Agregó que “Hemos identificado que muchas veces hay como olas de este delito que llaman mucho la atención, pero en el fondo se ha mantenido y no se ha podido reducir como se quisiera”.  

“Incluso se ha incrementado porque, como le decía, a pesar de que en 2008 teníamos tasas de un dígito por cada 100 mil, luego, en 2015, subió hasta 30 o 35, pero ahora ya estamos por arriba de 75. Un delito que comenzó quizás con el transporte público mutó a los taxis, mototaxis y ha alcanzado a tiendas, abarroterías, colegios y ahora que se sabe que lo hacen con iglesias”, explicó el investigador.  

Según Menchú si antes extorsionaban a una sola persona o negocio, ahora lo hacen con 10. “Se ha masificado. Y pese a que las autoridades hacen los esfuerzos esto sigue al alza. Pero si no hicieran nada estaríamos peor”, indicó Menchú.  

“Sin duda que se deben de hacer muchos más esfuerzos. Las instituciones no pueden quedarse de brazos cruzados, de que bueno ni modo, así es la cosa, porque así no tiene que ser la cosa y hay que ver de qué forma y de qué manera se logra implementar diversas estrategias, desde diversos ángulos para atacar este delito, porque no, no es posible que los guatemaltecos deban vivir con esto”, puntualizó. 

El pastor César Ayala, presidente de la Alianza Evangélica, confirmó que muchas iglesias están bajo acecho de los extorsionistas. Lamentó el hecho violento que ocurrió en la Misión Romanos 15:13 Central y donde murió el agente de seguridad del MP. 

“Hemos tenido denuncias de iglesias por casos de extorsión. No hemos escapado a esta ola de criminalidad que creemos se incrementó a partir de los operativos que se llevan a cabo en El Salvador contra pandilleros”, indicó Ayala.  

Agregó que es preocupante que los criminales ahora “ataquen a la feligresía y al pueblo de Dios que únicamente llega para hacer más fuerte su fe”.  

Además, expresó que no es posible que personas que echan a andar algún negocio, o ya tienen alguno de cualquier tipo, tengan que vivir con el pago de extorsiones para que se respete su vida.  

“Confiamos en Dios en que esto pueda detenerse, porque no es justo para mucha gente que lucha por salir adelante”, expresó.    

El jefe de Dipanda, Ángel Cámbara, garantizó que seguirán trabajando en conjunto con el MP para desarticular a la mayor cantidad de bandas de extorsionistas que operan en el país. Explicó que en lo que va de 2022 han logrado desarticular a seis estructuras dedicadas a la extorsión, integrada por imitadores y de la MS13 y el Barrio 18.  

En 2021, recordó, fuero 26 estructuras criminales las que desarticularon en todo el país.  

“Lo más importante hasta ahora ha sido la denuncia. La idea es que el ciudadano confié en la PNC y se acerque a Dipanda para resolver los casos. Diariamente recibido entre 15 y 20 denuncias. Es un trabajo arduo el que hacemos y esperamos seguir haciéndolo para controlar este fenómeno criminal”, indicó Cámbara.