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Falta de consensos en postuladoras favorece a los actuales magistrados
La convocatoria de cambio de CSJ y Apelaciones inició hace tres meses; los magitrados deben entregar el cargo el próximo 13 de octubre.
Los magistrados y nueve abogados del Cang buscan llevarse la sede de las postuladoras a la CSJ. Fotografía: Prensa Libre.
En el 2019 no se cumplió con la renovación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones. Este año, la falta de acuerdos en las postuladoras eleva el reto para cumplir con el cambio en el Poder Judicial en las fechas que dicta la Constitución.
Las postuladoras de ambas comisiones han extendido una misma sesión a tres jornadas. Un punto de la agenda paraliza el trabajo: la definición de la sede en la cual se desarrollará el proceso.
Un grupo propone que se usen las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar (URL) y otros piden que se trasladen a la sede del Organismo Judicial (OJ).
Alrededor de 20 comisionados, en ambas postuladoras, se oponen a continuar en la URL e insisten en sesionar en la Sala de Vistas del OJ. Ante ello, el sábado recién pasado se aprobó que el presidente de la postuladora para la CSJ y los secretarios titular y suplente visiten las instalaciones del OJ para determinar si reúnen las condiciones.
Continuidad
Grupos de observación como Guatemala Visible y Movimiento Pro Justicia coinciden en que la sede de las postuladoras no había sido motivo de discordia, pero este año cambiaron las reglas.
Guatemala Visible indicó que en el 2009 y 2014 se utilizaron las instalaciones del Paraninfo Universitario, y en el 2019 la sede fue la Universidad Mesoamericana.
Las intenciones de frenar a las comisiones de postulación se ponen de manifiesto en cada jornada, comentó Mónica Marroquín, de la citada entidad fiscalizadora.
“Nunca se había dado este tipo de problema en una comisión (…) Hay algunos grupos que ya han evidenciado una continua paralización del proceso, de no lograr acuerdos en cosas tan sencillas”, añadió.
Marroquín expuso que las razones para entorpecer el proceso de renovación de cortes pueden ser muchas, incluido el tiempo de permanencia de los actuales magistrados, que no llevan ni siquiera un año en el ejercicio de la administración de la justicia.
“Lo que se percibe desde antes es que quieren retrasar el proceso. Eso puede ser por diversas circunstancias”, sostuvo.
Carmen Aída Ibarra, de Movimiento Pro Justicia, dijo que el retraso para elegir magistrados no es nuevo y viene desde la convocatoria que hizo el Congreso. “Este tema tiene cuestiones de fondo grandes y otras que son menores”, puntualizó.
A su criterio, una sería la intención de los actuales magistrados de permanecer en el cargo por motivos económicos. “Quedarse más implica salir con más plata, más ingresos y más meses para calcular prestaciones, indemnización y todo tipo de bonos que reciben”, expresó.
Otra posibilidad, según Ibarra, se relacionaría con quienes manejan los grupos que están representados en las dos postuladoras. Entre otros, el interés particular de mantener el tráfico de influencias a favor de operadores, financistas y exfuncionarios que consideran que los actuales magistrados les garantizan alguna protección.
“Ahora hay una situación de distanciamiento entre los magistrados y los decanos. Ya vimos que no logran llegar a más de 23 votos. En esta lucha, algunos pueden salir favorecidos y otros quizá no”, añadió respecto de la falta de consensos para designar sede.
En opinión de Ibarra, quizá habría un posible interés del Congreso en no elegir cortes por ahora, porque los legisladores estarán enfrascados en las discusiones sobre la próxima junta directiva y el presupuesto para el próximo año.
En noviembre del 2023, la legislatura eligió y juramentó a los magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones después de 259 intentos y con cuatro años de retraso. Los titulares de las cortes tendrán que ser relevados este 13 de octubre.
La sede
“Hemos avanzado relativamente, porque hemos aprobado al secretario titular y suplente”, manifestó el presidente de la postuladora para magistrados de CSJ, Miquel Cortés. Así también, comenzaron a conocer el reglamento interno de la Comisión, precisó.
Al parecer, el acuerdo no público era dejar en los cargos de secretario a magistrados y abogados, a cambio de mantener la sede en la URL, consenso que no fue respetado, y ese es el punto de discusión que ha frenado las jornadas de trabajo.
Armando Ajín, comisionado electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se opone con firmeza a que la URL sea la sede. “En realidad, genera duda ver de dónde está saliendo el financiamiento para que tengan el presupuesto con el cual poder subsidiar las sesiones de la Comisión”, cuestionó.
Ajín señaló que la URL proporciona equipo de cómputo, alimentos e incluso lapiceros, responsabilidad que, subrayó, es del Estado, por lo que está de acuerdo con que la sede se traslade a las instalaciones del OJ.
El comisionado expuso que los argumentos a favor y en contra de la sede son válidos, pero las decisiones se deben tomar por mayoría, respetando los principios democráticos.
“Es deber del Estado garantizar el acceso a la justicia. Tampoco mi postura es mala; tiene un fundamento legal”, enfatizó.
ESCRITO POR:
Douglas Cuevas
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.
