En fecha 11 de octubre del 2018, que era un día martes, como es habitual, en reuniones entre la señora fiscal General -Consuelo Porras- y el equipo de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), le fue presentado uno de los casos que tiene asignada la fiscalía y al momento de verificar o de observar cuál es la información que se estaba trasladando se hizo la sugerencia -de Porras- de que falta alguna información que complementar, y en ese sentido procuramos agilizar la consecución de dicha información. Para la fecha 19 de octubre ya estaba preparada la información que fue requerida y era normal de que la señora fiscal tratara de imponer qué actuaciones existían y, en ese sentido, es parte de lo que se ha denominado que es una demora. En el mes de diciembre y enero nuevamente acudimos con el fiscal del caso con el propósito de que se nos indicara una fecha o un momento para proceder y la instrucción -de Porras- fue proceder el 5 de febrero de 2019.
¿Qué era lo que hacía falta para tener lista la investigación?
El informe financiero, situación que acaeció el 19 de octubre del 2018.
¿Y después no tuvieron conocimiento de nada?
Lo único que le puedo decir es que el artículo 324 del Código Procesal Penal establece el Ministerio Público no tiene plazo mientras una persona no esté vinculada a proceso, es decir si nos vamos al tema de plazos, la otra situación es que a la fecha que se operativizó el caso pues algunas de las personas involucradas ya tenían inmunidad y era necesario que nosotros hiciéramos la petición correspondiente a la Corte Suprema de Justicia.
¿En algún momento se contempló, para cuando se agendó esa fecha, que ya iba a existir inmunidad para esas personas?
De parte de la fiscalía, en ningún momento. Nosotros tratamos de cumplir con nuestra función de persecución penal y en el caso de que exista un obstáculo pues hacer la tramitación que corresponda lo que aconteció en este caso.
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