Esta situación es provocada por varios factores, como el respaldo insuficiente que tienen de la Policía Nacional Civil (PNC) y el dominio que las estructuras criminales tienen sobre las mismas autoridades municipales y departamentales, afirma un exsecretario del MP y un análisis de la situación del Movimiento ProJusticia.
El pasado 25 de septiembre un fiscal y dos investigadores del Ministerio Público (MP) fueron secuestrados por pobladores de la aldea Tuinimá, Tajumulco, San Marcos, quienes piden el cierre de la sede municipal del MP en Tajumulco y que liberaran a dos personas vinculadas con el crimen de un coronel del Ejército.
Hasta ayer los trabajadores del MP cumplieron 28 días en esa situación. Según el informe oficial de la auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos, la razón del secuestro es porque las víctimas realizaban una diligencia de inspección de campo relacionada con el robo del fluido eléctrico.
Riesgo
“Ser fiscal a nivel municipal o departamental es diferente a ser fiscal en la Ciudad de Guatemala”, dice Javier Monterroso, exsecretario del MP, quien afirma que los fiscales e investigadores asignados en la provincia laboran con muchas “precariedades” y normalmente solo investigan delitos comunes, para no entrar en confrontación con los pobladores o ponerse en riesgo ante el crimen organizado.
“Su labor es más complicada, porque hay menos cantidad de agentes de la PNC y personal del MP, pero además, muchos elementos de las propias fuerzas de seguridad están comprometidos con poderes fácticos, con políticos y con el narcotráfico”. señala Monterroso.
También afirma que en la provincia las autoridades municipales y departamentales dependen mucho de las estructuras criminales de la región, y es por esa razón que cuando se trata de investigar estructuras criminales se solicita que los fiscales no sean originarios del departamento para que no existan represalias y se opta por llevar fiscales de la ciudad capital, además del apoyo del Ejército.
“Pero aun así los fiscales son muy vulnerables por las situaciones anteriores y cuando son retenidos por la población, son amarrados y golpeados por orden de los líderes comunitarios o del crimen organizado”, dice Monterroso.
El exsecretario del MP afirma que incluso algunos de los trabajadores que han sido retenidos han narrado que son sometidos a maltrato psicológico, cuando los amenazan que serán quemados y “les enseñan o la gasolina”.
La retención de personal según Monterroso, ha ocurrido con más frecuencia cuando investigan conexiones ilegales de energía eléctrica o cuando se rastrean plantaciones de amapola.
Recurrentes
Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, estos hechos son más recurrentes en Huehuetenango y San Marcos, principalmente en las zonas fronterizas con México, debido a la presencia del narcotráfico.
“En algunos lugares la economía de las comunidades depende de cultivos ilegales y del contrabando, y la integridad física de los fiscales corre riesgo”, sostiene Ibarra.
La investigadora y experta en el sector justicia reitera que hay comunidades en donde la población rechaza la presencia de la PNC y del MP y prefieren actuar según sus reglas, en muchas ocasiones para defender los intereses del crimen organizado o de la propia comunidad, “cuando se afecta la economía local”.
Ibarra afirma que a la falta de garantías de seguridad con que laboran los fiscales e investigadores del MP en la provincia se suma la zozobra, ante el temor de ser removidos o destituidos.
“En el 2021 vino una seguidilla de traslados y remociones que los afectan, porque los mandan lejos de sus residencia. Ellos viven con temor, porque no saben en qué momento van a ser trasladados o destituidos”, señala Ibarra.
Los casos
- El 28 de junio del 2019 en San José Sinaché, Zacualpa, Quiché, la PNC liberó a un sujeto señalado de agredir a un niño, luego de que pobladores golpearan en el rostro y rociaran gasolina a una auxiliar fiscal del MP, cuando junto a un grupo de agentes de la institución intentó cumplir con la orden de aprehensión.
- El 10 de abril de ese mismo año, pobladores de Las Cruces, La Libertad, Petén, retuvieron por varias horas a 12 agentes de la Fiscalía contra la Narcoactividad y a varios efectivos de la PNC, para exigir que liberaran a un sospechoso de ingresar a una vivienda con un fusil de asalto. Mediante un diálogo entre la Procuraduría de los Derechos Humanos con los líderes comunitarios se liberó al personal.
- El 3 de abril del 2019, en Manchón Guamuchal, Retalhuleu, las fuerzas de seguridad junto con el MP no pudieron llegar al lugar donde aterrizó una narcoavioneta, debido a que los pobladores y presuntos narcotraficantes los atacaron a balazos. Según el informe de la PNC, la ruta hacia el lugar donde estaba la aeronave fue bloqueada por unas 200 personas.
- El 6 de febrero del 2019 un grupo de 25 agentes de la PNC que resguardaban a fiscales del MP fueron retenidos por pobladores de Senahú, Alta Verapaz, y dañaron dos autopatrullas de la PNC, después de que se enteraran que la finalidad de los investigadores era efectuar allanamientos y capturar a responsables de cometer homicidios en la región. Después de ocho horas los fiscales fueron liberados, al igual que los agentes. Varios de ellos debieron ser trasladados a un hospital, porque presentaban golpes.
