Guatemala despertó: No más políticos tradicionales, no más corrupción

El Ministerio Público, con el respaldo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG) , comenzó el pasado 16 de abril a destapar una “olla de grillos”  que hasta ese entonces parecía intocable y que implicaba a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los tentáculos de la red de corrupción denominada “La Línea”, en la que se implicó inicialmente a funcionarios medios y a particulares, llegaban hasta la Presidencia y la Vicepresidencia.
El general retirado Pérez Molina y su mano derecha asumieron el poder el 14 de enero de 2012 con la promesa de “mano dura”  contra la criminalidad y una gestión transparente de los recursos públicos.
Sin embargo, la desarticulación de la trama en las aduanas puso en evidencia todo lo contrario, y provocó el desencanto de los guatemaltecos, que iniciaron una retahíla de protestas hasta lograr “la caída”  del Gobierno de Pérez Molina.
Baldetti renunció a la Vicepresidencia el 8 de mayo, lo que desestabilizó la administración de Pérez Molina, que solo pudo aguantar la presión hasta el 3 de septiembre, cuando se vio forzado a renunciar a la Presidencia, tanto por las acusaciones en su contra como por la soledad en que se quedó su mandato.
Ambos están ahora en prisión preventiva acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, a la espera de que la Fiscalía presente la investigación completa y que un juez decida si se les abre o no juicio oral.
El 2015 quizá sea uno de los años más productivos en la lucha contra la corrupción en Guatemala, ya que el Ministerio Público y la CICIG también desmantelaron otras redes en las que están implicados colaboradores de Pérez Molina, entre ellos Juan de Dios Rodríguez  (exsecretario privado) y Gustavo Martínez  (exsecretario general de la Presidencia y pareja sentimental de su hija, Lissteh).
El Organismo Judicial también sufrió una sacudida pública en las que están implicadas las juezas Carol Patricia Flores y Jisela Reynoso, por dudas en cuanto al origen y monto de su patrimonio; o el magistrado Erick Santiago de León y los jueces José Luis Patán y Martha Sierra de Stalling, por la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
En el Congreso, uno de los afectados es el empresario y expresidente del Parlamento Pedro Muadi, acusado en junio de crear una estructura de plazas fantasmas durante su mandato al frente de la entidad, en 2013, con la complicidad de dos personas de su confianza.
 
El exdiputado, acusado de los delitos de peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero, está en prisión preventiva.
La arremetida popular en contra de la corrupción, encabezada por grupos sin bandera política y sin violencia, iba en contra del Ejecutivo de Pérez Molina y de los “políticos tradicionales”.
Beneficiado en esta contienda resultó Jimmy Morales, un hombre de 46 años que hasta el pasado mes de abril sólo era conocido por su programa de comedia en la televisión “Moralejas”  y que fue elegido presidente.
Morales, del Frente de Convergencia Nacional  (FCN-Nación), se lanzó al ruedo político y, contra todo pronóstico, los guatemaltecos lo eligieron, el pasado 25 de octubre, como su presidente para un periodo de cuatro años a partir del 14 de enero de 2016.
El excomediante ha reconocido públicamente que él es producto del descontento por la corrupción y se ha comprometido a continuar con el la lucha contra este mal, que despertó a un pueblo que parecía dormido.
Morales recibirá la banda presidencial de Alejandro Maldonado, que encabeza, desde el pasado 3 de septiembre, un Gobierno de transición.
Pero Morales no se encontrará un lecho de rosas, sino un país en crisis por falta de recursos económicos para hacer frente a graves problemas, como el desabastecido del sistema de salud o la inseguridad que a diario causa la muerte de, al menos, 16 personas.