Esa denuncia se suma a la investigación que de oficio abrió la fiscalía contra la Corrupción por el caso en noviembre del 2015.

El contrato por Q196 millones 871 mil 739.10, autorizado el 20 de noviembre del 2014, incluyó servicios técnicos para la administración, operación y mantenimiento de aeronaves de la Unidad Especial Antinarcóticos (UNESA).

Se estableció que de forma inicial el proceso de contratación sería la licitación, pero se adjudicó por medio de un mecanismo de excepción.

Cuando se contratan servicios, y no arrendamientos debe hacerse una licitación y no una excepción —regida por el artículo 44 de la Ley de Compras y Contrataciones—, explicó César Elías,  subcontralor de Calidad del Gasto.

La modalidad de excepción impidió abrir el concurso a más oferentes. Haber optado por licitar pudo permitir ampliar el plazo  para presentar ofertas, pues no puede ser menor de 40 días y presentar inconformidades, detalló.

“La excepción se justifica en casos de urgencia, ese es el espíritu de la norma”, refirió Elías.

Irregularidades

La única oferente, ARM Aviación S.A., representada por Richard Steven Callaway, “no contaba con el recurso humano requerido para participar en el evento y llevar a cabo el objeto de la negociación”, consignaron los auditores en la denuncia.

Sin objetar las inconsistencias, la cartera del Interior aprobó los términos de referencia el 11 de septiembre del 2014, indica el documento.

La empresa debió presentar un “Formulario de Experiencia” para certificar las negociaciones o contratos con características iguales o superiores al ofertado, el período de ejecución, el monto del contrato y la empresa o institución a la que prestó el servicio sin embargo esto no fue así, se señala.

Los auditores encontraron 17 cartas, cuyo primer párrafo era el mismo, que no especificaban todos los requerimientos establecidos en la ley. La compañía acreditó experiencia en vuelos pero no en administración, asistencia técnica, operación y mantenimiento de aeronaves, se explicó.

La denuncia se extiende en irregularidades de los pagos y la falta de registros en el Sistema de Contabilidad Integrada del gobierno.

Probará legalidad

“Existía un acuerdo de que la empresa estaba comprometida a contratar personal”, explicó el exministro Mauricio López Bonilla sobre la adjudicación del contrato para el mantenimiento de seis helicópteros.

Agregó que el personal que trabajaba para esa unidad debía tener el mismo esquema y perfil que la compañía norteamericana Dymecorp que inició el programa.

El exfuncionario indicó que era la única forma de ejecutar el programa de vigilancia antinarcótica, que dependía de un convenio firmado con la Embajada de Estados Unidos. “Son hallazgos que se desvanecerán”, dijo.

Contrato oneroso

• Estos son algunos de los detalles de la investigación publicada por Prensa Libre el 15 de febrero del 2014.
• En el contrato se incluyó el mantenimiento de los helicópteros Bell Uh-1H, Huey II y el entrenamiento de personal.
• Los gastos no abarcaron el costo de repuestos ni combustible.
• El acuerdo estableció que, “a costa de Gobernación”, la empresa debía importar los repuestos o componentes que requerían ser enviados a talleres especializados.
• Se estipuló que los helicópteros debían operar 120 horas de vuelo efectivas al mes o mil 440 al año.
• La empresa auditada entregó al Ministerio de Gobernación la lista de 36 técnicos y profesionales, sin incluir nombres y apellidos completos del personal.
• Un año antes de haber sido seleccionada, la firma ARM Aviación, S. A., efectuó múltiples giras presidenciales.