Guatemala

Jueza había ordenado cambios en el Hogar Seguro

Una “transformación” del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ordenó el 12 de diciembre último la jueza sexta de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, Silvia Lorena Vásquez Calderón, resolución que no se cumplió del todo.

Menores trasladados del Hogar Seguro Virgen de la Asunción se despiden, desde el bus que los transporta, de familiares que llegaron a verificar que se encontraban bien.

Menores trasladados del Hogar Seguro Virgen de la Asunción se despiden, desde el bus que los transporta, de familiares que llegaron a verificar que se encontraban bien.

De hecho, el problema del hacinamiento continuó y, hasta diciembre del 2016, esas instalaciones albergaban a 717 niños, niñas y adolescentes, cuando la capacidad de abrigo es de 500. La Secretaría de Bienestar Social (SBS) reportó unos cambios, pero no fueron suficientes.

La resolución de la jueza fue apelada por la misma SBS, al objetar un punto que menciona “un gallinero” como un lugar físico donde se vejaba e incluso torturaba a niños, cuya existencia no está comprobada por esa institución.

“Fue el único punto por el cual la Secretaría apeló la sentencia, porque admitir la existencia de un lugar que no nos consta es admitir que efectivamente hubo estos hechos que se sindican a la Secretaría”, explicó el jefe de esa entidad, Carlos Rodas.

Agregó que no se apeló otro punto referente a la contratación de profesionales bajo estándares internacionales, y que en esa resolución se les ordenó la contratación de más de 10 odontólogos.

“¿Dónde los ubicamos? No hay una necesidad tan grande. Tenemos programas de salud preventiva y curativa. Hemos cumplido ciento por ciento con la contratación, remodelación de centros, incremento de profesionales, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, pedagogos, maestros, enfermeras”, añadió.

Igual debe cerrarse

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) abogaron por un cierre progresivo del Hogar Seguro, a pesar de la resolución del juzgado.

Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH, aseguró en febrero último que esa institución visitó el centro el 6 de enero y 10 de febrero, con el fin de verificar si la SBS cumplía con los cambios ordenados por la jueza Vásquez.

“En la reingeniería del hogar nos indicaron que el personal no conoce muchos avances, únicamente tienen conocimiento de un nuevo manual de procedimientos, el cual lo tienen en digital, pero no nos lo proporcionaron. Ha sido poco lo que se ha avanzado”, comentó Castro en esa oportunidad.

No obstante, la PDH constató la compra de literas y colchonetas, mejoras en los baños y algunas decoraciones, debido a que las pésimas condiciones de higiene eran una de las razones por las que promovían el cierre.

Asimismo, el CNA apeló la sentencia del juzgado, al insistir en que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción no reúne los requisitos necesarios para abrigar a niños y adolescentes.

El Consejo recomendó a la SBS implementar un proyecto para el cierre progresivo del hogar de protección, por considerar que las condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos de los niños y adolescentes abrigados “se mantienen”.

Además de las malas condiciones físicas en las instalaciones, ubicadas en San José Pinula, las instituciones que objetan la continuidad de ese centro advirtieron sobre las múltiples denuncias de menores en cuanto a abusos físicos y sexuales, señalamientos que fueron reforzados por varias fugas de albergados.

Desde el 2015

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recordó en sus redes sociales que el 7 de noviembre del año pasado recomendó el cierre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por el incumplimiento de recomendaciones hechas en el 2015, año en el que comenzó a destaparse el problema que enfrentaban los menores. “Este centro cuenta con una población de 800 niñas, niños y adolescentes, quienes están en condiciones deplorables, debido al hacinamiento en el  lugar”, comunicó la Procuraduría.

Continuar proceso

Desde el año pasado se trabajaban procesos de “desinstitucionalización” de los niños para desahogar el hogar, proceso que debe continuarse, expuso la procuradora general de la Nación, Anabella Morfín.

“En septiembre y octubre eran aproximadamente 720 niños, niñas y adolescentes que estaban, y habíamos logrado, a través de procesos de desinstitucionalización, reducirlos a aproximadamente 580 menores”, explicó Morfín.

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