Durante el gobierno de Álvaro Arzú se emitió una orden general para crear las juntas como un mecanismo para prevenir los hechos delictivos en el país, destaca el estudio.
En 1999 surgieron las primeras 168 organizaciones comunitarias, y a la fecha hay registradas 717, pero según Martínez se trata de un subregistro, pues la cifra supera las mil.
Según datos de la Policía —como institución encargada del control—, en las juntas locales de seguridad participan siete mil 177 personas legalmente registradas.
Martínez refirió que solo en San Marcos operan 243 juntas autorizadas, pero de manera irregular hay una cantidad no determinada.
Subrayó que en ese departamento destacan los casos de Tajumulco e Ixchiguán, debido a que los integrantes de los grupos esconden armas en los cementerios y continuamente hay enfrentamientos entre esas organizaciones, que han sido vinculadas con el tráfico de drogas y de personas, por ser área fronteriza con México.
“Se ha señalado que se construyen sobre las autoridades comunitarias y ancestrales, pero es preciso aclarar que se han erigido sobre quienes fueron líderes de patrullas civiles y excomisionados militares, y no tanto sobre las autoridades tradicionales”, aseveró Martínez.
Pierde el control
Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, coinciden con Martínez en que el Estado, pese a ser el organizador, ha perdido el control sobre las juntas de seguridad.
En ese caso, Martínez señaló que el Estado lo pospuso, lo dejó crecer y, por no atenderlas, se le fueron de las manos.
“No existen políticas públicas de seguridad, y solo hay planes que se modifican con cada ministro —de Gobernación—, y no se le ha dado el apoyo suficiente a la Policía, con recursos y la depuración, y eso es aprovechado por grupos de interés que crean su estructura de poder”, expresó.
Martínez citó el caso de Panajachel, Sololá, donde la junta fue vinculada con trasiego de drogas.
Añadió que esas estructuras no corresponden a la magnitud de hechos delictivos.
Debido a que no hay presencia del Estado, las juntas adquieren autonomía, y después imponen sus normas, como toques de queda ilegales, multas y sanciones a quienes no quieren participar en ellas. Y cuando actúan, lo hacen con gorros pasamontañas, armados y con radiocomunicadores.
En Sololá hubo dos ataques contra periodistas en noviembre del 2011, que fueron provocados por integrantes de esos grupos en Panajachel.
Lucía Escobar, columnista de elPeriódico y conductora de la radio en línea ATI, recibió amenazas de ese cuerpo de seguridad debido a informaciones que publicó, en las que se revelaron abusos y posibles hechos delictivos.
De igual manera, Gustavo Girón, corresponsal de Guatevisión, recibió una llamada amenazante, supuestamente por una nota que trabajó sobre la captura de dos líderes de juntas de seguridad.
Focos de tensión
La investigadora de Asíes comentó que la función de las juntas se ha “pervertido y abusan, e incluso en algunos casos sustituyen a la Policía. Y cometen secuestros y detenciones ilegales, juzgan e imponen sanciones, y es un foco más para la vulnerabilidad de la seguridad pública”.
Agregó que esos grupos son susceptibles de ser copados por el crimen organizado y el narcotráfico, que les proveen armas para que estén a su servicio.
En San Juan Cotzal, Quiché, en el 2009, el alcalde José Pérez Chen lideraba la junta e instruía a quién se debía detener. La situación llegó a tal grado que el 1 de noviembre de ese año promovió el linchamiento del agente policial Pedro Rodríguez Toma, quien llegó a inquirir sobre la detención de su hijo de 16 años.
Por ese caso, Pérez Chen fue condenado a 82 años de prisión.
Mack indica que se le debe dar solución a ese problema, que creó el propio Estado. “Estas juntas locales de seguridad cometen delitos”, afirmó.
Al mismo tiempo, advirtió que supuestamente se derogó la orden general de su creación, pero no se le dio seguimiento para determinar que esas agrupaciones se desintegraran.
El caso más reciente es el de la junta local de seguridad dirigida por el alcalde de Tejutla, Humberto Gómez Pérez, contra quien se ha tramitado un antejuicio.
El Ministerio Público señala a Gómez Pérez de haber ordenado secuestros, entre ellos el de un médico panameño y cinco policías, el 22 de mayo último. También se le sindica del plagio de 13 trabajadores de la entidad investigadora el pasado lunes, para evitar la captura de 21 personas relacionadas con la junta ilegal de seguridad de Tejutla.
La seguridad es indelegable
El viceministro de Apoyo Comunitario, Arkel Benítez, indicó que desde su génesis las juntas estaban destinadas al fracaso, porque la “seguridad es indelegable”.
Al mismo tiempo, descartó que estén sin control, y citó como ejemplo de la autoridad que se ejerce sobre ellas las recientes capturas de cinco integrantes de la junta de Tejutla, San Marcos.
Además, señaló que ya se trabaja en un modelo de policía comunitaria, y aproximadamente en un mes se le entregará el proyecto al presidente Otto Pérez Molina.
También mencionó que tienen planificada la formación de 70 comisiones de prevención de la violencia en Villa Nueva y otras 40 San Miguel Petapa, que serán integradas por civiles.
Detalló que su función será la detección de la conflictividad y que generarán alertas tempranas.
