Con más de una hora de retraso, la jueza Claudette  Domínguez comenzó la audiencia con la resolución de varias peticiones del MP, entre ellas la solicitud de que Paredes Nájera fuera enviado al hospital psiquiátrico Federico Mora y que enfrentara un juicio especial.

La jueza consideró adelantada la petición del ente investigador y negó que se trasladara a Paredes Nájera al centro psiquiátrico,   por lo delicado de su salud.  Sin embargo, ordenó a ese centro y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses enviar a  especialistas al Hospital Militar —donde se encuentra internado— para que lo evalúen   y, en base a los resultados, determinar si está en capacidad de enfrentar un proceso normal o un juicio de medidas especiales —si es hallado culpable no cumpliría pena de cárcel—.

Comienzo

Pasado el mediodía, el fiscal comenzó con los señalamientos a los 10 implicados en el proceso, en presencia de mujeres y hombres que viajaron desde Cobán, así como representantes de organizaciones sociales, familiares de las víctimas y de los señalados.

Entre las pruebas que presentó el MP se encuentran 814 folios  relacionados con  personas que fueron localizadas en fosas, en la sede castrense, y las cadenas de custodia de muestras esqueléticas y genéticas.

En este proceso  el Juzgado recibió 20 mil 800 folios de prueba por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP.

La Fiscalía agregó que por la cantidad de material la audiencia podría durar cinco días antes de que la judicatura tome la decisión de si son enviados a juicio. Antes de la diligencia, el Juzgado dictó  falta de mérito en favor de tres personas más, pero el MP, luego de   revisar los documentos, decidió solicitar de nuevo que se ligue al proceso penal a Pablo Roberto Saucedo Mérida.

“Para decidir la situación de Saucedo Mérida se programó audiencia para el 16 de mayo”, informó el MP.

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Creompaz

En ese lugar funcionó durante el conflicto armado la Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, que según las denuncias, “fue utilizado como centro clandestinos de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones”.

Al concluir la presentación de pruebas de cargo y descargo, que puede durar varios días, la jueza Domínguez deberá decidir si envía o no a juicio a los imputados.

La investigación del MP señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 535 crímenes entre 1978-1990.

Entre los 11 detenidos figura al exjefe del Estado Mayor General del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido presidente de Guatemala  Fernando Romeo Lucas García.

Los otros son los oficiales retirados de la Zona Militar 21, Ismael Segura Abularach, Gustavo Alonzo Rosales García, Juan Ovalle Salazar, Luis Alberto Pares Nájera, César Augusto Cabrera Mejía, Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, Raúl Dehesa Oliva, Byron Humberto Barrientos Díaz y César Augusto Ruiz Morales.

Los 11 quedaron ligados a proceso judicial en enero pasado por delitos de lesa humanidad.