El Ministerio Público (MP) había apelado el fallo e indicó que las penas por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito no son inconmutables.
Reinoso se encuentra en la actualidad con medidas sustitutivas hasta que el fallo esté firme y cuyo caso se encuentra en apelación de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Con el fallo del 2016, Reinoso Trujillo debía pagar también una multa de Q389 mil 434.97. Se determinó que si Reinoso Trujillo no cumplía con ese pago, se prolongará el período de prisión por el cual fue condenada y además debía pagar el costo del proceso penal que se tramitó.
El MP apeló la sentencia en contra de la conmuta de la pena, a razón de Q5 diarios por el delito de enriquecimiento ilícito y el viernes la Sala Primera de la Corte de Apelaciones modificó la sentencia, pues dejó en firme los 11 años de prisión incomutables y agregó dos años más por incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
Ahora Reinoso deberá pagar.
- Seis años por lavado de dinero
- Cinco años por enriquecimiento ilícito
- Dos años por incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
- Total: 13 años
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Los hechos
El MP explica los hechos que llevaron a la denuncia y posterior condena de Reinoso: en la condena emitida se determinó que una vivienda la cual fue adquirida en los años 2013 y 2014 por Reinoso, fue cancelada a un costo de Q2 millones 400 mil y la cantidad que ella pagó supera lo que pudo haber devengado como juez.
La Fiscalía también detectó que el patrimonio que reporta es de Q820 mil y no tiene origen conocido.
También quedó establecido que dicha persona “se aprovechó de su amiga Felicita Herminia Romero Ramírez, a quien le pidió que firmara ocho recibos para simular un préstamo que jamás le entregó, así como un acta en la cual justificaba el mismo”.
En declaraciones Romero Ramírez, refutó que los recibos corresponden a un préstamo que la Jueza pretendía simular al no tener las cantidades de dinero en su cuenta bancaria.
En este caso la Fiscalía Especial contra la Corrupción demostró con informes financieros que la juzgadora no pudo justificar los ingresos que tenía en sus cuentas bancarias y resultó incongruentes con lo devengado como empleada pública y como docente.
