Justicia
La OEA espera que nuevo fiscal general fortalezca la democracia y la independencia judicial en Guatemala
La OEA afirmó que las primeras decisiones del nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, serán clave para fortalecer la institucionalidad democrática y atender denuncias de persecución judicial.
Gabriel García Luna atiende a un equipo de Prensa Libre en su despacho del Ministerio Público, durante el inicio de su gestión como fiscal general. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
La Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmó este lunes 18 de mayo que espera que las decisiones del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, “fortalezcan la democracia” en Guatemala.
La Misión Especial de la OEA en Guatemala aseguró en un comunicado que las “primeras decisiones” de García Luna serán “determinantes” para “fortalecer la independencia institucional, la legalidad constitucional, el profesionalismo, los derechos humanos y la confianza ciudadana” en la Fiscalía.
De igual manera, advirtió que “uno de los principales desafíos” del nuevo jefe del MP será atender las “preocupaciones expresadas por distintos sectores nacionales e internacionales” respecto del “uso indebido del sistema penal para criminalizar a ciertos actores y garantizar la impunidad de otros”.
García Luna asumió el cargo el domingo pasado en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, quien estuvo ocho años al frente de la Fiscalía, en dos períodos marcados por sanciones internacionales en su contra por corrupción y por la persecución judicial contra jueces, exfiscales anticorrupción y periodistas, muchos de ellos aún en el exilio.
El nuevo fiscal general tomó posesión el domingo 17 de mayo, como establece la ley, sin actos protocolarios ni recepción especial, tras ser designado este mes por el presidente Bernardo Arévalo para un mandato de cuatro años.
En su primera comparecencia ante la prensa, el domingo, García Luna anunció la creación de una comisión para revisar la situación de periodistas, fiscales, jueces y activistas exiliados, así como de quienes sientan “temor” por persecución judicial de la anterior jefa del MP.
El jefe del MP indicó que el objetivo de la comisión será verificar los procesos judiciales existentes contra docenas de personas que han denunciado esa persecución judicial durante los últimos ocho años.
Las sanciones internacionales contra Porras Argueta fueron impuestas por intentar anular los resultados electorales del 2023, al alegar un presunto fraude que dio la victoria a Arévalo, y por corrupción en el manejo de casos de alto impacto.
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