Cetino Pérez y Cerrate Hernández eran integrantes de la temida banda de secuestradores denominada los Pasaco, y pidieron Q3 millones por la liberación de Bonifasi de Botrán. Fueron ejecutados en el módulo letal, en la Granja Penal Pavón, Fraijanes, en la madrugada del 29 de junio del 2000.

¿Qué significa la pena de muerte en un país como Guatemala?

Depende de la postura de pensamiento que la persona tenga respecto del tema. Habemos quienes creemos que la pena de muerte no es un disuasivo para que los criminales eviten efectuar acciones delictivas, lo cual está científicamente demostrado.

Por otro lado, están quienes creen que sí funciona. Hay lugares donde está vigente, como algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo Texas, donde sería interesante indagar y determinar si ha sido un disuasivo.

La tendencia es a abolir la pena de muerte, especialmente en la región latinoamericana.

¿Qué constituye la reciente discusión que se hace sobre reactivar la pena capital?

El tema tiene dos aristas, y divide a la población entre quienes están en contra de su aplicación y quienes están a favor.

¿Cómo fue su experiencia como juez que ejecutó la pena de muerte?

Fue una experiencia muy especial, porque se hizo por el procedimiento de inyección letal, que cambió la práctica del fusilamiento.

Ese fue el último procedimiento de ese tipo que se ejecutó en el país.

Haciendo una reflexión retrospectiva, fue una experiencia impresionante.

¿Qué hace un juez de Ejecución Penal cuando se efectúa la pena capital?

Debe cumplir con lo ordenado por los tribunales de Sentencia. En aquel momento era una obligación, no solo porque era vigente el procedimiento, sino porque ya estaba dispuesto por un órgano jurisdiccional.

También tiene que verificar que no haya ningún recurso legal pendiente, el cual podría suspender temporalmente o de forma total la condena, y cambiarla por una de prisión.

¿En el caso de la ejecución por inyección letal?

Que el reo sea canalizado con los químicos que se necesitan para cumplir con la sentencia y que esté el personal clínico pertinente, para que informe el deceso de la persona.

Desde su función como juez, ¿qué recuerda de lo que sintió al ver cómo moría una persona?

Son recuerdos desgarradores. Uno tiene la experiencia de estar con otras personas del sector justicia, paramédicos, familiares del reo y periodistas en el módulo letal.

Emocionalmente es muy duro. La experiencia genera una serie de sentimientos encontrados. Recordemos que los jueces somos seres humanos. Pero en aras de cumplir con la justicia, en ese momento, tuvimos que ejecutar la pena de muerte.

¿Le queda algún remordimiento hacia las personas que fueron ejecutadas?

No, porque uno efectúa la acción en función de ley; es decir, en ese momento estaba vigente la pena de muerte, y lo que yo hice como juez de Ejecución Penal fue cumplir con un mandato.

¿Sería un retroceso hacer vigente la aplicación y ejecución de la pena?

Yo puedo tener una postura en este caso y respeto la forma de pensar de otras personas. Más me inclino hacia la prevención del delito y dejar como último recurso las medidas extremas. Una respuesta sería el endurecimiento de las penas de prisión.

¿Cómo se analiza el tema desde la actividad del crimen, que va en aumento?

Científica y estadísticamente está demostrado que no es un disuasivo para los criminales. El tema de los altos índices de criminalidad que se ven en el país debería de tratarse de otra forma.

¿Guatemala está preparada para ejecutar una pena tan severa, si así se decide?

No es tan fácil. Para algunos refiere una ventaja; para quienes pensamos en la abolición, no. La pena de muerte no acepta error judicial, porque no se puede regresar en el tiempo después de ser ejecutada.

¿Cómo ve el involucramiento del presidente de la República en asuntos judiciales, hablando del recurso de gracia?

Esa situación contempla un procedimiento externo al ámbito jurisdiccional y legal, sino empata al ámbito moral.

¿Se trata de una decisión superior?

Sí, pero en el ámbito moral, no legal. Al Organismo Judicial le corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado. Es un proceso cuestionado, pero válido.