Acusación
De acuerdo con la investigación, López Bonilla habría tenido relación con el narcotráfico y los Zetas entre el 2010 y el 2015, y durante ese período se habría beneficiado de manera económica a cambio de información para evitar los operativos policiales y el acompañamiento de agentes de seguridad a cargamentos de cocaína.
Mérida aseguró que su cliente no tenía ningún vínculo con la cartera del Interior antes de asumir como ministro.
“Se dice que él tuvo una cierta participación entre el 2010 y el 2011. En esas fechas él no era ministro ni tenía una función pública”, respondió.
Ese aspecto fue descrito por Menocal, Juárez y Castañeda a los jueces Saúl Álvarez, César Amézquita y Julio Xitumul.
El defensor destacó que otra intención contemplada en la estrategia consiste en que las declaraciones sean recibidas por el tribunal, para darle legalidad a los comentarios de cada testigo, con lo cual ya se está preparando la prueba que se ofrecería a la justicia de EE. UU., ante una eventual orden de extradición.
“En todo caso, también, como ya tenemos los testimonios de estas personas, podríamos hacer el traslado de la prueba, porque ya se encuentra en los expedientes judiciales de Guatemala, porque el traslado de los testigos a EE. UU. resultaría más caro. Esa es la estrategia que se desarrolla”, aseguró.
López Bonilla ha explicado en diferentes ocasiones que Guatemala jamás ha extraditado a un político por narcotráfico y asegura que en el caso de él tampoco se realizará el traslado, pues confía en tener las pruebas necesarias para impedir esa resolución.
Recursos al alcance
Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), calificó de lógica la estrategia de defensa del exfuncionario.
“Está haciendo todo lo que está a su alcance. La estrategia responde a un análisis legal en el cual se contempla que el tribunal pueda valorar la prueba —de cargo y descargo—, así como la veracidad de los hechos y la calidad de los testigos”, dijo.
Escobar aseveró que es común que una persona señalada de haber cometido delitos se defienda, pero enfatizó que corresponde a los jueces determinar la situación y su desenlace.
“Todos los que han sido requeridos en extradición se han defendido. Eso lo permite el proceso”, puntualizó la analista.
