Este 27 de mayo cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentaron un proceso disciplinario por un aparente uso indebido de instalaciones, además del aparente hallazgo de una menor en el despacho de uno de los jueces.

En la audiencia, la abogada Sindie García, de la Supervisión General de Tribunales, expuso los hechos que se les señala y con los cuales solicitó a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial que sean destituidos de sus cargos.

Según investigación, los jueces William Arturo Chen, José Alfredo Quiñónez, Luis Alejandro Paniagua y Wálter Fabricio Rosales Hernández habrían incurrido en diferentes faltas.

Los jueces presuntamente utilizaron las instalaciones del Organismo Judicial en Alta Verapaz para el consumo de bebidas alcohólicas, protagonizar escándalos y el hallazgo de una menor de 15 años en el despacho del juez Rosales Hernández.

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Durante las conclusiones la abogada García expuso los hechos que se le atribuyen a cada juzgador.

"Los hechos que han sido acreditados en contra de los funcionarios judiciales son declarables y habilitan plenamente la solicitud de su destitución y separación al cargo de jueces de primera instancia que han detentado hasta el día de hoy”, dijo la abogada García.

La abogada citó el artículo 113 de la Constitución, y afirmó que "los empleados y funcionarios públicos deben ser personas honorables en el ejercicio de las funciones", y asevera que los cuatro jueces "adolecen y carecen de la honorabilidad para continuar en el cargo.

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso disciplinario por uso indebido de instalaciones donde una denuncia señala ingesta de licor con personas ajenas a los tribunales y el hallazgo de una menor en el despacho de uno de los jueces.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/cRhRYXLrSl

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) May 27, 2025

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Origen de la denuncia

El origen del caso, según García, se remonta a septiembre de 2023, cuando el vocal sexto y presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, dio a conocer que recibió denuncias de la sociedad civil de Alta Verapaz contra personal judicial.

En ellas, se indicaba que jueces y magistrados que prestaban su servicio en ese departamento, estarían vinculados con establecimientos dedicados a la trata de personas y al consumo de licor, y que tenían como convivientes a personas menores de edad

Además, algunos sostenían relaciones de carácter sentimental con personal auxiliar judicial de sus judicaturas, como secretarias. 

Lo informado causó una inspección e investigación preliminar de la Supervisión General de Tribunales, para dar cumplimiento a la Ley de la Carrera Judicial.

Investigación de autoridades judiciales

García detalló que, durante las diligencias que la Supervisión General de Tribunales efectuó, se detectaron anomalías como la presencia de una adolescente en la oficina del juez Walter Fabricio Rosales Hernández, por quien no se tuvo una explicación, pues no era ni trabajadora, ni estudiante, ni familiar de empleados.

La abogada añadió que también se constató la existencia de un establecimiento comercial en el que se vendía comida y bebidas alcohólicas, en donde fue encontrado personal judicial y la menor hallada en las oficinas del juez al que se hizo referencia.

Continuación del caso

Luego de la participación de la abogada de la Supervisión General de Tribunales, la audiencia continuará el 17 de junio.

Defensa señala deficiencias

Waldemar Figueroa, defensor del juez Walter Fabricio Rosales, indicó que a su criterio no hay indicios racionales suficientes para un fallo de carácter condenatorio, como lo pidió la parte acusadora.

Figueroa aseveró que existieron deficiencias en la identificación de testigos de la persona que estaba en las instalaciones judiciales y que supuestamente era menor de edad.