En el programa Impacto Directo de Guatevisión, especialistas invitados desglosaron las implicaciones penales, sociales y comunicativas del caso en el que un reo condenado por delitos de alto impacto habría continuado operando una red de extorsión desde un centro carcelario en zona 18.

El fiscal de sección, Eddie Rodríguez, de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público, explicó que las pesquisas contra la estructura denominada "Los Orienteños" comenzaron tras múltiples denuncias de empresas afiliadas a la Cámara de Alimentos y Bebidas, que recibían amenazas y exigencias económicas fraudulentas. El fiscal confirmó que la red imponía cuotas semanales que alcanzaban hasta Q40 mil, con mensajes intimidatorios como “o pagan o se mueren”, una forma de coacción que apuntaba al sostenimiento forzado de los pagos por parte de las víctimas.

Rodríguez añadió que uno de los principales responsables ya cumple condena por secuestros, pero —según la fiscalía— logró continuar la operatividad del grupo desde prisión mediante un teléfono celular, una situación que evidencia fallas en el control del sistema penitenciario.

Estructura y presencia de la red criminal

La investigación del Ministerio Público identificó que la agrupación "Los Orienteños" estaría vinculada al crimen organizado, integrando a personas condenadas por secuestro y asesinato, quienes, desde prisión, coordinaban con colaboradores en libertad. El fiscal detalló que la organización habría tenido presencia en departamentos como Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y Chimaltenango, y que el proceso sigue abierto para capturar a todos los implicados, así como a quienes facilitaron cuentas bancarias para recibir el dinero de las extorsiones.

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El mercadólogo y comunicador Luis Fernando Urbina aportó su perspectiva sobre cómo estas redes construyen sistemas de intimidación y confianza forzada para sus víctimas. Urbina explicó que el uso de mensajes amenazantes y la repetición de símbolos de poder buscan generar una respuesta inmediata de pago por parte de las empresas afectadas, lo que a su vez perpetúa la percepción de impunidad y control por parte de los extorsionistas.

Asimismo, subrayó la importancia de que las instituciones comuniquen de manera clara y estratégica las acciones legales en curso para minimizar el impacto reputacional en los sectores empresariales afectados.

Impacto psicológico en víctimas y sociedad

La psicóloga y comunicadora Claudia Massis abordó el impacto emocional que las extorsiones generan tanto en empresarios como en empleados. Massis detalló que el constante temor a represalias, especialmente cuando las amenazas involucran daño físico, puede establecer un estado de estrés prolongado que afecta no solo la salud mental de las víctimas directas sino también la de sus familias y colaboradores.

Massis afirmó que estos patrones de miedo sistémico son precisamente los que buscan explotar las organizaciones criminales para asegurar el cumplimiento de sus demandas, y que el abordaje de estas situaciones requiere apoyo psicológico especializado y redes de contención social.

Implicaciones legales y próximas etapas

Rodríguez reiteró que el Ministerio Público continúa con las diligencias para identificar y aprehender a los demás integrantes de la red, así como a quienes habrían facilitado la logística financiera de las exigencias. El fiscal enfatizó la necesidad de fortalecer los controles dentro del sistema penitenciario para evitar que personas condenadas por delitos graves mantengan poder de mando fuera de las prisiones.

Urbina destacó también el rol de los medios de comunicación en informar de manera veraz sobre casos de crimen organizado y extorsión, señalando que una cobertura responsable puede ayudar a contrarrestar el clima de miedo sin minimizar la gravedad de los hechos.

Massis concluyó con recomendaciones para las empresas afectadas por extorsiones: buscar apoyo legal inmediato, activar protocolos de seguridad institucional y brindar asistencia emocional a quienes han sufrido amenazas o estrés por estos eventos, todo enmarcado dentro de políticas que promuevan la resiliencia comunitaria frente al crimen organizado.