Derivado de las investigaciones, se determinó que el sindicado es formaba parte de la fuerza especial y que fue asignado por sus superiores a acompañar a un grupo soldados asignados a la base Luis García León, Zona Militar Número 23, ubicada en Potún, Petén.
El sospechoso señala que los hombres eran llevados al pozo, en grupos de seis, para matarlos. @prensa_libre pic.twitter.com/fZCJb407kv
— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 24, 2016
El grupo castrense tenía como misión la búsqueda y recuperación de 21 fusiles que fueron robados a un comando militar en un enfrenamiento sostenido con guerrilleros, y por información de inteligencia se sospechaba que el armamento estaba escondido en el referido lugar.
La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, determinó que el sindicado debe enfrentar a la justicia por el asesinato de 200 persona, entre niños, mujeres, hombres y ancianos, quienes fueron torturados, así como por haber extraido de la comunidad a un menor identificado como Ramiro Osorio Cristales, a quien posteriormente reconoció como su hijo y lo nombró Ramiro Fernando López.
El fallo de la jueza señala que los ilícitos por los cuales el kaibil será procesado son asesinato, delitos contra los deberes de la humanidad y supresión y alteracion del estado civil del menor.
El sindicado cuenta que le salvó la vida a un niño de la comunidad Dos Erres, a quien adoptó. @prensa_libre pic.twitter.com/7WaOdGfk6t
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Domínguez determinó que López Alonzo debe permanecer en prisión preventiva y que esa medida debe ser cumplida en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde permanece desde el pasado 10 de agosto, cuando llegó al país en un vuelo de deportados de Estados Unidos.
Situación migratoria
López Alonzo estuvo detenido durante seis años en EE. UU., derivado de los controles migratorios de aquel país. Durante ese tiempo accionó para evitar su expulsión de esa nación.
Otros vinculados al caso, y que fueron condenados en el referido país, son Gilberto Jordán y Jorge Sosa Orantez, declarados culpables de fraude migratorio, al haber negado que tenían vínculos con la matanza en Dos Erres.
Jordán fue sentenciado por un tribunal de Florida, y Sosa Orantes por un tribunal de California. Ambos permanecen en prisión en EE. UU.
Proceso
Por el mismo caso, cinco militares han sido juzgados y condenados por tribunales guatemaltecos.
El primer grupo de elementos castrenses que afrontó a la justicia por la matanza, estuvo integrado por los kaibiles Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Méndez, así como por el subteniente Carlos Antonio Carías López, condenados por el Tribunal de Alto Impacto, en el 2011, a penas de prisión de seis mil 60 años inconmutables.
Un año después, el recién formado Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a una pena similar al kaibil Pedro Pimentel Ríos, quien también fue deportado de EE. UU
