El Ministerio Público (MP) proporcionó este jueves 19 de febrero nuevos detalles del operativo realizado durante las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que concluyeron con la elección de Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Luis Fernando Bermejo Quiñónez como magistrados titular y suplente, respectivamente, para la Corte de Constitucionalidad (CC).

La fiscal de sección Leonor Morales, jefa de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, explicó, en un video difundido por el MP, que las diligencias de allanamiento, inspección y secuestro ejecutadas el 12 de febrero pasado respondieron a denuncias sobre posibles delitos cometidos en la sede de votación, entre ellos la presunta emisión de carnés profesionales a personas no habilitadas para votar, lo cual contravendría una resolución de la Corte de Constitucionalidad.

Morales detalló que la intervención del MP se efectuó con autorización judicial, sin interrumpir el proceso electoral, y respetando en todo momento los derechos humanos de los agremiados. Aun así, señaló que se registró falta de colaboración y actitudes hostiles por parte de algunos asistentes durante las diligencias.

La fiscal también lamentó que el Colegio no entregara durante la diligencia la copia digital completa del CARDEX con la información de los abogados colegiados activos, a pesar de que había una orden judicial para ello. El CANG se comprometió a entregar ese requerimiento días después, pero hasta la fecha no lo ha hecho, según el MP.

Advertencias

Morales aclaró que, aunque estaba prohibido el uso de teléfonos y cámaras dentro del recinto electoral —según carteles colocados por el CANG—, sí se permitió el ingreso de medios de comunicación para que documentaran el evento.

Agregó que el Ministerio Público desconoce por qué, antes de la diligencia, se permitió la toma de fotografías y videos por parte de particulares, pues una vez iniciado el operativo, se hizo cumplir la restricción establecida por el propio Colegio.

“Cabe resaltar que durante el transcurso de todo el evento se encontraban carteles que indicaban la prohibición de uso del teléfono y de cámaras fotográficas dentro del evento electoral. Esto a través de carteles que habían sido puestos por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Por lo tanto, el Ministerio Público desconoce completamente por qué motivo previo al ingreso del mismo se había permitido que se tomaran fotografías y videos por parte de personas de la prensa. agremiados o particulares, lo cual no se permitió al estar presente el Ministerio Público”, dijo Morales.

Morales también afirmó que durante el operativo se registraron actitudes hostiles y comportamientos agresivos por parte de algunas personas, situación que obligó al cierre temporal de los accesos. Pese a ello, aseguró que el personal fiscal actuó con respeto a los derechos humanos y no respondió a las provocaciones.

Finalmente, indicó que la Fiscalía analiza las acciones legales a seguir ante las inconsistencias detectadas, entre ellas la obstaculización a la labor fiscal y el incumplimiento de órdenes judiciales por parte del Colegio. Estas conductas podrían configurar delitos que serán evaluados conforme avance la investigación, según dijo.

CANG se pronuncia

Por su parte, el CANG aseguró que el reciente proceso electoral para elegir magistrados titular y suplente ante la CC, así como a los miembros del Tribunal Electoral, se realizó conforme a la normativa vigente. Según el pronunciamiento oficial, no se presentó ninguna impugnación dentro de los plazos establecidos, por lo que los resultados quedaron firmes.

La institución respondió así a declaraciones de la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, quien señaló la existencia de diligencias por supuestas irregularidades. En el comunicado, el colegio aclaró que la emisión de carnés se realiza bajo protocolos administrativos y de seguridad, con documentos únicos, foliados e impresos, incluidos códigos QR de validación.

En cuanto al padrón utilizado en las dos vueltas de votación, se indicó que este queda bajo resguardo exclusivo del Tribunal Electoral. También se reiteró que los agremiados pueden regularizar sus pagos antes de emitir el voto, práctica permitida según los lineamientos del propio tribunal, que actúa como órgano competente en estos casos.

El Colegio de Abogados rechazó cualquier intento de desacreditar la legalidad del proceso y reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades en el marco del debido proceso. Además, hizo un llamado a la prudencia y subrayó su compromiso con la transparencia, la institucionalidad democrática y la voluntad de sus agremiados.

Rechazo

Las diligencias realizadas por el Ministerio Público generaron críticas de sectores nacionales e internacionales, que calificaron la acción como una afrenta a la democracia y cuestionaron que se efectuara durante una jornada electoral.

Diversas organizaciones señalaron que el operativo podría interpretarse como una forma de presión o intimidación hacia el gremio de abogados, en un contexto político sensible.

La licenciada Leonor Morales, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, informó sobre las actuaciones realizadas en el marco de la investigación que se realiza ante la posible comisión de hechos constitutivos de delito… pic.twitter.com/wGI39JnsPM

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 20, 2026

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