“Fui yo al que designó la señora Roxana Baldetti para poder comprar ese helicóptero. Fui yo a quien citó a su oficina en esa oportunidad y me dio una carpeta que contenía varias propuestas de helicópteros”, manifestó al juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda.

El testigo protegido por el Ministerio Público (MP), por sus aportes en varios casos relacionados al gobierno del Partido Patriota, refirió que la aeronave placas TG-PES tuvo un costo de US$3 millones, unos Q23 millones.

El primero en entregar los recursos fue el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien dio US$245 mil, el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez aportó Q1 millón, expuso Monzón. Y aclaró que el dinero lo recibió en el despacho de Rodríguez.

El tercero en dar su contribución fue Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, con US$98 mil y Q13 mil.

El exministro de Defensa Manuel López Ambrosio entregó Q650 mil. Además participó el exinterventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Jair Samayoa y Jonathan Chévez, un colaborador para acciones ilícitas del gobierno anterior.

Monzón declaró que Christian Smith Paredes, jefe de Presupuesto de finanzas del Ejército, fue designado por López Ambrosio para administrar los aportes.

La “sorpresa”

Todos los ministros en ese momento, Baldetti y otros cercanos, firmaron una tarjeta gigante para “el presidente”, y le entregaron una réplica del helicóptero.

“Él no quería aceptar el regalo, aduciendo que no podía mantenerlo, pero terminó aceptando”, explicó Monzón Rojas.

La entrega de la aeronave fue en el Club de Oficiales La Aurora y Chévez era el designado para la compra.

El colaborador afirmó ante el Juez que nunca dio dinero de su “bolsillo” para comprar el bien, y aseguró que no solo fue ese regalo, pues en 2012, 2013 y 2014 Pérez Molina recibió obsequios diferentes.

El caso

La declaración de Monzón Rojas ya constaba en el expediente de investigación del MP,  que fue lo utilizado por los investigadores para comenzar el proceso penal.

A la audiencia no se presentaron los implicados ni la empresa que tiene registrado como propiedad el helicóptero. De acuerdo con las pesquisas, es propiedad de la empresa Opulence, una beliceña constituida por Jonathan Harry Cheves, relacionado con lavado de dinero para el gobierno anterior.

En el proceso figura otro helicóptero con matrícula TG-ORA, las ultimas siglas supuestamente por los nombres de Otto, Roxana y Alejandro, aunque después la matrícula fue modificada a TG-ESP.

Monzón comentó que en diciembre del año pasado Chévez llegó a la prisión y le pidió que firmara un reconocimiento de deuda por US$2.5 millones, con la intención de evadir la persecución penal.

El juez Villeda indicó que los próximos testimonios serán por videoconferencia y en privado por motivos de seguridad.