Justicia

MP pide extradición de la ex fiscal general, Thelma Aldana

El Ministerio Público (MP) gestiona desde noviembre la extradición de la exfiscal general Thelma Aldana señalada en la supuesta sobrevaloración en la compra de un edificio para la institución.

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Thelma Aldana anunció en 2018 sus intenciones de participar en el proceso electoral, pero no logró ser candidata. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Thelma Aldana anunció en 2018 sus intenciones de participar en el proceso electoral, pero no logró ser candidata. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“La fiscalía ha realizado las gestiones pertinentes para requerir la extradición para poder presentarlo ante los órganos jurisdiccionales”, dijo Marlon Pacheco, jefe de la fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP).

“La fiscalía ha realizado las gestiones pertinentes para requerir la extradición para poder presentarlo ante los órganos jurisdiccionales”, dijo Marlon Pacheco, jefe de la fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP).

La exfiscal Aldana tiene orden de captura por este caso porque supuestamente firmó una resolución donde aprueba la compra del Edificio Gerencial Asunción valorado en Q35 millones y delega a la jefa administrativa para el trámite, procedimiento considerado ilegal por la fiscalía.

El jefe de la fiscalía explicó que el proceso de extradición se encuentra gestionándose internamente en el MP y ahora la Unidad de Asuntos Internacionales concluirá procedimientos para hacer la petición.

La últimos reportes de ubicación de Aldana se registran en Estados Unidos y a las autoridades de ese país estaría pidiendo la extradición el MP.

El 8 de octubre de 2019 el Juzgado Undécimo del Ramo Penal resolvió ligar a proceso por el delito de fraude a tres exempleadas del MP por las supuestas irregularidades en la compra del inmueble, ubicado en la zona 5.

Se trata de Míriam Salazar y Patricia Beatriz Guzmán que son señaladas por abuso de autoridad y fraude, pero les fue retirado el primero de los delitos. Mientras que Diana Benavides estaba señalada de incumplimiento de deberes y fraude, también solo quedó ligada por fraude. Las tres quedaron en arresto domiciliario.

Por este caso también el martes último fue enviado a juicio Mynor Enrique Lobos Agustín, señalado del delito de testaferrato al haber sido la persona que vendió el edificio al MP.

Pacheco expuso se solicitó “asistencia internacional” porque detectaron que de los Q35 millones que el MP pagó por el inmueble hubo Q9 millones que fueron trasladados a empresas en Panamá que se sospechan son offshore -fuera de plaza-. El respaldo pedido pretende que las autoridades panameñas faciliten información y autoricen la colaboración en la investigación del dinero que se trasladó a ese país.

Según una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, hubo una sobrevaloración de Q3.5 millones en el avalúo del edificio que hizo el Departamento de Sección de Avalúos Oficiales del Ministerio de Finanzas.

Aldana se pronunció en Twitter sobre la solicitud de extradición en su contra:

En las redes sociales la exfiscal general cuestionó a Consuelo Porras su labor de investigación en otros casos.

“Pregunto a Consuelo Porras ya persiguió a Jimmy Morales, ya investigo las miles de plazas inexistentes, sabe que Mario Estrada y compañeros querían atentar contra 3 fiscales? O usted es enviada por la mafia para vengarse por mi trabajo junto a Cicig?”, criticó Aldana en redes sociales.

Aldana en otra publicación expuso: “En la presentación del fiscal Sandoval del caso “captura de las Cortes por parte de la mafia de Guatemala” aparecen números de teléfonos de personajes que negociaron impunidad, sin duda pronto sabremos nombres y detalles. O lo impedirá la eterna vigilancia?”.

En el Congreso se conformó una comisión específica para investigar esta supuesta anomalía en la gestión de Aldana al frente del MP.

La Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi) hizo un avalúo en 2017 y concluyó que “no hay sobrevaloración” en la adquisición del inmueble; sin embargo, la referida comisión sostuvo que el Dicabi estaba mintiendo.

Aldana enfrenta otros señalamientos, como el de la plaza fantasma al abogado Gustavo Bonilla, decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, por el cual tiene una orden de captura, y una plaza irregular para José Carlos Marroquín, quien fue consultor de la Fiscalía y posteriormente su asesor de campaña.