La Cicig y el MP calcularon la impunidad que afecta los procesos penales relacionados a la violencia contra la mujer, corrupción, muerte violenta y libertad sexual.
La herramienta, que se encuentra en el portal del órgano investigador, permite conocer el nivel de impunidad por año y por departamento.
Julia Barrera, vocera del MP, explicó que la medición de la impunidad se hizo en base a la cantidad de expedientes ingresados a la Fiscalía y que aún no llegan a una condena en los juzgados y tribunales del Organismo Judicial (OJ) y se encuentran en alguna etapa anterior.
“Los procesos pueden estar pendientes de fecha para audiencia de fase intermedia —acusación— o de fecha para que se inicie un debate oral —juicio—”, aseveró Barrera.
Sectores coincidieron en que la impunidad en los procesos penales se concentra en el área rural. Su argumento lo atribuyeron a la falta de intérpretes para que orienten a las víctimas o familiares, pues la provincia concentra mayor población indígena, que en muchos casos no habla español.
“Tuve fuerzas para denunciar”
Patricia Yamilet Campos Aparicio, de 36 años, de origen salvadoreño, llegó a Guatemala para protegerse de la violencia. Pero lo que pareció haber llegado a su fin, era solo el principio de la pesadilla que duraría 11 años más.
En el 2002 se enamoró de un hombre que para ella se había convertido en su protector. Se casó y tuvo dos hijos.
Contó que no mucho tiempo después su esposo se convirtió en su agresor. “Me decía que estaba loca; esa palabra se me metió tanto en la cabeza y creo que en algún momento llegué a pensar que era verdad”, aseveró.
Mientras avanzaba su matrimonio, la violencia subía de nivel al punto que llegó afectar a sus dos hijos. “Esa situación me dio fuerzas para denunciar; una madre puede soportar cualquier dolor, menos el ver sufrir a un hijo”, dijo.
Aseguró que fue en febrero del 2013 cuando decidió iniciar con la denuncia, a pesar de las amenazas de su pareja. “Un día me dijo que pagaría para que me mataran porque era fácil dejar a una mujer muerta dentro de un costal”, narró.
Con ayuda del Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal, su agresor fue condenado a 21 años de cárcel. “Ahora soy una mujer libre de violencia”, concluyó Campos.
“Lo que quiero es justicia”
Una mujer italiana, de 45 años, quien pidió no revelar su nombre por seguridad, viajó en el 2013 a Guatemala con la ilusión de disfrutar de unas vacaciones, sin imaginar que minutos después de llegar al país su esposo la internó en el hospital de salud mental Federico Mora, sin ser evaluada.
Aseguró que previo al viaje ya tenían varios problemas e incluso habían hablado de divorcio. “Siempre viví violencia sicológica; él ya se quería divorciar de mí. Violencia física nunca recibí, narró la mujer con lo poco que ha aprendido del idioma español.
Luego de estar internada en el Federico Mora, su esposo, con ayuda de su familia, la trasladaron a un hogar. En ese centro de ayuda fue rescatada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y se inició el proceso de la denuncia.
“El caso está en investigación, pero es muy lento, no avanza, y el problema es que no puedo ver a mi hijo, es lo que más me preocupa”, narró la italiana, mientras acomodaba su cartera.
Agregó: “Lo que quiero es justicia en mi caso, porque se violaron todos mis derechos humanos”.
En los tres años que tiene en Guatemala son escasas las ocasiones en las que ha podido ver a su hijo, quien en febrero próximo cumplirá 11 años.
