El caso  se volvió de gran trascendencia para Latinoamérica luego de que las autoridades de la mencionada empresa brasileña confesaron en Estados Unidos haber sobornado a políticos y funcionarios de por lo menos 12 países, incluyendo a Guatemala.

La firma fue contratada en Guatemala para la ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la carrera CA-2 Occidente, de Cocales, Suchitepéquez, y concluiría en la frontera de Tecún Umán, México. La obra tendría un costo de US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.

La carretera no fue concluida pero  trascendió que Odebrecht habría otorgado US$18 millones —Q136.8 millones— en sobornos. Prensa Libre dio a conocer que el concuño del excandidato presidencial por el extinto Partido Patriota  Alejandro Sinibaldi  se habría encargado de abrir cuentas relacionadas con este caso de corrupción.

 Expectativa

Amílcar Pop, abogado y presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso,  indicó que los convenios bilaterales y multilaterales son más efectivos porque implican un compromiso y obligatoriedad en el flujo de la información.

 Manfredo Marroquín, director de Alianza Ciudadana, dijo  confiar en la estrategia del MP, que no optó, como Perú, en establecer un compromiso con la empresa, lo que le ha dotado de información sobre los funcionarios, pero sin poder perseguirlos. Allá “se sacrificó la justicia contra los corruptores”, resaltó.