Justicia

Exdiputados procesados en caso Plazas Fantasma saldrán de prisión

Tres exdiputados, un asesor y un exdirector del Congreso implicados en el caso Plaza Fantasma fueron beneficiados con arresto domiciliario gracias a la resolución de Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A.

Por Kenneth Monzón

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Plazas Fantasma
Los sindicados Luis Mijangos y Edgar Fernández fueron los únicos que llegaron a la audiencia donde se resolvió el arresto domiciliario para ellos y los exdiputados. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Los sindicados Luis Mijangos y Edgar Fernández fueron los únicos que llegaron a la audiencia donde se resolvió el arresto domiciliario para ellos y los exdiputados. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Se trata de los exlegisladores Christian Boussinot, Selvin García y Arístides Crespo.

También al Luis Mijangos, exdirector General del Congreso, y Edgar Fernández Regalado, exasistente de Boussinot.

La jueza Domínguez les otorgó libertad condicional. Cada 15 días deberán presentar un informe médico por supuestos quebrantos de salud. Además, les fijó una fianza de Q400 mil.

El exdiputado Alfredo Rabbé seguirá en prisión debido al peligro de fuga, resolvió la juzgadora. Es la segunda oportunidad que la jueza le niega la libertad condicional al exlegislador. El año pasado el motivo fue que su hermano, el exdiputado Luis Rabbé, estaba prófugo, aunque fue detenido en México este año.

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Tanto el fiscal Luis Mejía, así como Claudia González, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se opusieron a las reformas de las medidas de coerción debido a que la investigación ya finalizó, pero aún hay testigos y el caso no ha llegado a una audiencia intermedia.

“Se va a apelar”, mencionó el fiscal Mejía al salir de la audiencia.

Los sindicados esperan una audiencia para saber si enfrentarán un debate por el caso Plazas Fantasma.

No es la primera vez

La jueza Domínguez otorgó libertad condicional a los exlegisladores Amílcar Aleksander Castillo, Carlos Humberto Herrera, César Emilio Fajardo Morales, Juan David Alcázar y Manuel Marcelino García Chutá, durante una audiencia el pasado 29 de noviembre.

El caso

La investigación del MP y la Cicig estableció que en durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo (2014–2015) se contrató a personas sin que llegaran a trabajar. Cobraron salarios entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas personas sólo tenían de escolaridad nivel diversificado.

En este caso ya están procesadas 34 personas por su participación en la red de plazas fantasma del Congreso.

La investigación determinó que los sindicados prestaron su nombre y recibieron fondos por concepto de pago de planilla del Congreso, pero no se presentaban a laborar, incluso varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado. Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.

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